El pasado 23 de agosto el periódico Listín Diario publicó una columna de nuestra autoría, titulada “Primarias: ¡Alerta Electoral!”, donde con palabras llanas anticipábamos nuestra convicción de que la JCE no estaba en condiciones de administrar un proceso de primarias justo, transparente y confiable mediante el uso del sistema electrónico de votación.
Lamentablemente, tanto para mí como para mis conciudadanos de la República Dominicana, el tiempo nos dio la razón, y hoy nos encontramos al borde de una crisis política que amenaza con poner en riesgo la ya frágil democracia en la que convivimos, y no cabe la menor duda de que uno de los responsables de esta grave situación es el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán.
A escasas siete semanas de iniciarse este trascendental evento electoral, dimos la voz de alerta y compartimos públicamente nuestra preocupación sobre los riesgos de pretender ensayar un sistema de voto electrónico durante un proceso tan complejo como lo serían la celebración de primarias simultáneas, una abierta y otra cerrada, sin haber efectuado una detallada e intensa campaña de orientación al pueblo.
Otras voces autorizadas también advirtieron al presidente de la JCE sobre la necesidad de que se cumpliera con el requisito de las auditorías correspondientes al sistema de votación electrónica que el propio organismo electoral había acordado realizar, pero el presidente de la JCE ignoró todos estos reclamos.
Sin embargo, el doctor Julio César Castaños Guzmán llevó al país a un experimento, que a conciencia o por incapacidad, puede degenerar en una peligrosa crisis política, cuyas consecuencias resultan altamente preocupantes.
Ese día 23 de agosto pasado, al parecer premonitorio, exhortamos a la Junta Central Electoral a que explicara sin dilación al país una serie de preocupantes interrogantes, entre las que destacamos las siguientes:
1. ¿Cuál es la cantidad exacta de máquinas de votación electrónica que se estarán utilizando el 6 de octubre?
2. ¿Cómo será la transmisión electrónica de los resultados?
3. ¿Los partidos políticos han podido realizar una auditoría de los sistemas y equipos de votación electrónica y de escrutinio electrónico?
3. ¿Existe constancia para los partidos políticos de que ese sistema moderno está blindado contra ataques de hackers de todo tipo?
4. ¿Tiene contemplado la JCE, que, al haber menos recintos electorales y menos máquinas, esto provocará un aumento considerable de largas filas para votar con sus probables conflictos?
5. ¿Ha contemplado la JCE que al ser un sistema nuevo de votación será muy alto el promedio de tiempo por votante, pudiendo esto alargar más los turnos en las filas?
Fueron esas sólo algunas de las interrogantes que en ese momento planteamos públicamente al presidente de la JCE, para las cuales nunca tuvo una respuesta satisfactoria, y que hoy están traumando la conciencia nacional con el recuerdo amargo de un evento electoral accidentado, irregular y a todas luces fraudulento.
En esa publicación que ya citamos, propusimos al presidente de la JCE y demás partidos políticos adoptar la modalidad de voto manual para las primarias simultáneas, con el propósito de evitar el anticipado caos al que nos llevaba su Presidente.
Ahora, ante ese altísimo nivel de irresponsabilidad institucional de la JCE, creo que no queda otra alternativa al pueblo dominicano que salir en defensa de la democracia dominicana. Callar, o por inacción ciudadana, permitir que el fraude prevalezca sobre la voluntad mayoritaria de los electores que participaron en las primarias del PLD, sería entregar la nación a quienes entienden que todo está en venta, hasta los más elementales principios sobre los cuales se construye una sociedad justa, digna y progresista.
Como pasado jefe de la Policía Nacional, como un dominicano más que siente un profundo amor por la tierra donde nacimos y que juramos ante Dios defender, hago un llamado a todos nuestros veteranos y ciudadanos conscientes de esta nación de héroes y prohombres: Todos listos para asumir con los medios que nos proporcionan la Constitución y las leyes, la defensa de la democracia en la República Dominicana.
