La entidad encargada del proyecto está favoreciendo con recursos económicos a las personas que viven en casas alquiladas y obvia el derecho de los propietarios.
Los propietarios de las viviendas que empezaron a ser desalojadas del sector La Ciénega, en la capital, quienes son movilizados por el Gobierno para dar paso al Proyecto Domingo Savio, continuaron este lunes externando diferentes quejas ante la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos (URBE), entidad encargada del proyecto.
El descontento entre las familias programadas para ser desalojadas está marcado por la falta de comunicación con la URBE para informarle todo lo relativo al traslado.
Este sábado la URBE inició los desalojos de las viviendas ubicadas a orillas del río Ozama para dar paso al proyecto Domingo Savio, pero la incertidumbre mantiene en vilo a los propietarios de las viviendas a quienes, según han informado, se les está desconociendo su derecho, mientras a los inquilinos se les ha entregado de entre 400 mil a 800 mil pesos para que dejen el lugar.
Alexandra Matos, propietaria de una vivienda en el perímetro, dijo a Dominicanoshoy que en su caso no le han comunicado nada relativo al traslado, pero que si lo hicieron con un inquilino que vive en su propiedad, a quien le ofrecieron RD$400 mil, razón por la cual consideró una falta de consideración a ella que es la dueña del inmueble.
“La URBE le está dando más prioridad a los inquilinos que a los dueños, claro cómo ellos no gastaron nada en la construcción y van a recibir RD$400 mil, no pueden tener queja, pero en el caso de los propietarios están cometiendo abuso de poder, porque no nos están dando el valor real de la vivienda, sino lo que a ellos se le ocurre”, apuntó.
Otro que ha externado su inconformidad es Jesús Martínez, presidente de la Junta de Vecinos la Unión de La Ciénega, quien denunció que la URBE sólo se está reuniendo con los dirigentes comunitarios del partido de gobierno, obviando los de partido contrario.
Además, explicó que otra queja es que el gobierno hasta ahora solo le ha ofrecido a los inquilinos, poniendo de lado a los propietarios.
“Allí solo están feliz los inquilinos, porque con los propietarios están cometiendo un abuso, pues hay un caso de una persona que la casa vale unos dos millones de pesos y solo le quieren dar RD$800 mil, por lo cual entiendo es un abuso de poder”, precisó.
Sostuvo que lo mínimo que debió hacer el gobierno fue convocar a una reunión, tanto con los inquilinos como con los propietarios para informar todo lo relativo al desalojo, así como acordar con ambos el monto por cada vivienda.
