El Ministerio Público inicia este lunes defensa ante el juez de la instrucción especial Francisco Ortega que sustenta su solicitud para que los siete encartados en el caso Odebrecht sean enviados a juicio y cuya nulidad ha sido solicitada por el grupo de imputados.
De acuerdo al Ministerio Público, son los imputados los que se beneficiaron con los US$92 millones de sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios dominicanos, a cambio de la concesión y aprobación en el Congreso Nacional de 17 obras cuya construcción costó al Estado más de US$5,000 millones.
La acusación del MP contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán, Jesús (Chu) Vásquez y Roberto Rodríguez, tiene como elemento común el soborno y el lavado de activos; enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
Así lo hizo saber el procurador general, Jean Rodríguez, en mayo del 2017, cuando anunció al país que como resultado de las investigaciones realizadas aquí y las delaciones premiadas obtenidas en Brasil y en los Estados Unidos, logró completar “un fuerte conjunto de evidencias que demostraban quienes recibieron los sobornos y en qué contexto lo hicieron”.
Esas evidencias incluyen pruebas documentales y testimoniales de ejecutivos y empleados de Odebrecht; informes de la Superintendencia de Bancos, del Registro de Títulos, de Impuestos Internos, Cámara de Comercio y Producción y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otros.
