La “violación grave” de las libertades fundamentales en Cuba, Nicaragua y Venezuela y la existencia de proyectos de ley regulatorios al ejercicio del periodismo en otros países, fueron los temas destacados en las conclusiones de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que culminó este martes en la ciudad de Cartagena, Colombia.
Entre las conclusiones también se incluyen el reconocimiento de responsabilidad del Estado de Colombia ante la familia de un periodista asesinado hace 21 años, así como siete asesinatos de periodistas en el último semestre.
La investigación y seguimiento al asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, en 1998, se dio gracias a la perseverancia de la SIP y el apoyo de las fundaciones Robert F. Kennedy Human Rights y John S. And James L. Knight.
El presidente de Colombia, Iván Duque, quien firmó la declaración de Chapultepec, exaltó la defensa a la prensa independiente y resaltó su compromiso a proteger no sólo la integridad de los periodistas, sino la libertad de prensa y el libre flujo de ideas.
Se expresaron críticas al sistema de protección para periodistas en México, y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enfatizó sobre la responsabilidad de implementar medidas de protección.
Se prestó especial atención a la ausencia de libertades fundamentales en Venezuela. La situación de la prensa en este país y en Nicaragua constituye una crisis en la región.
La SIP apunta que en materia legal y judicial existen trabas y restricciones al ejercicio periodístico como la imposición de contenido y propaganda electoral que se evidencia en Bolivia, República Dominicana y Uruguay.
La SIP apeló a periodistas y autoridades locales y multilaterales a que sigan denunciando la magnitud de los atropellos.
La SIP denuncia que la represión a los periodistas continúa en Cuba, así como prohibición de salir del país a varios comunicadores y el decomiso de equipo.
“La estigmatización e insultos a la prensa, generados por funcionarios públicos y difundidos en redes sociales, crean un ambiente hostil para la prensa e instigan violencia contra periodistas y medios en Brasil, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos”, dice el documento.
La SIP establece que existen intentos de regular y sancionar la comunicación digital y el flujo de información en redes sociales.
