El ministerio Público y la Policía Nacional informaron la tarde de este miércoles mediante una Rueda de Prensa conjunta que arrestaron 29 personas acusada de rata y tráfico de personas en 16 allanamientos en diferentes puntos del país que realizaron con agente de la institución.
Según las autoridades los dieciséis allanamientos se realizaron en zonas de Bani, en la provincia Peravia; Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, Hato Mayor y el Distrito Nacional.
Según el informe dos de los detenidos son de nacionalidad hindú que estaban a la espera de la documentación para salir a los Estados Unidos, y otros dos pertenecen al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), siete son inspectores de la Dirección General de Migración y 18 ciudadanos dominicanos, de los cuales IO son deportados, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas.
Las autoridades destacaron que este es el más grande operativo de investigación criminal que han realizado el Ministerio Público y la Policía Nacional en el país, la cual inició en junio del año 2018, relacionada a una red de criminalidad Organizada que presuntamente se dedica al tráfico ilícito de personas hacia los Estados Unidos, utilizando rutas por Haití, Bahamas, Tórtola, México y Puerto Rico, quienes estarían proporcionando a sus clientes documentos de viajes falsos de Estados Unidos, España, Venezuela, Guatemala, Bahamas, Chile y Panamá.
Para lograr esta operación, las autoridades explicaron que incluyó el desplazamiento de 294 efectivos policiales de investigación criminal, Swat, Inteligencia y Prevención y 16 fiscales, utilizándose durante el desarrollo de la misma unos 84 vehículos en las zonas donde estaban programadas las operaciones policiales. Además operativo conto con el apoyo de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Durante el proceso de la investigación, en un período de ocho meses, identificaron hechos puntuales que vinculan la asociación de 26 de los arrestados, entre ellos siete mujeres, por vinculación a delitos de trata y tráfico de personas.
Además se le acusa de falsificación, alteración, venta, compra y distribución de documentos de viajes (pasaportes y visas de diferentes nacionalidades), sellos migratorios y documentos públicos y privados en general, con el fin de traficar personas mediante la introducción, paso y salida ilegal de éstos hacia diferentes países del mundo, específicamente a los Estados Unidos, para lo cual estarían cobrando sumas entre US 22,000.00 a 27,000.00 dólares por cada cliente mediante esta modalidad.
La información fue ofrecida por el director de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, y el director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, Bienvenido Ventura, y por la Policía Nacional, el coronel Manuel Antonio Quiroz Félix, subdirector de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y el teniente coronel Luis Vargas Morillo, encargado de la Unidad Antilavado.
