El Consejo Nacional de Competitividad aplicará un programa mediante el cual busca simplificar en un 71% los costos de los trámites en 53 instituciones del país.
Según el estudio RD+Simple, realizado junto a las empresas privadas, se analizaron 1,873 trámites y servicios, los cuales tienen un costo económico social (CES) de US$3,895, equivalentes al 5.46% del producto interno bruto.
El mismo no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales.
De los costos, 93.8% representa la acumulación de requisitos, mientras el 6.2% corresponde a la resolución de la tramitación.
César Hernández, comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Mexicana, quien habló sobre los resultados y la metodología de la investigación, enfatizó que la carga económica de los procesos recae mayormente sobre los empresarios o sobre aquellos ciudadanos que poseen empresas.
Hernández indicó que el 60% de la carga regulatoria recae sobre 10 trámites, entre los cuales están los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequatur profesional.
Mientras que en esos procedimientos se solicitan ocho requisitos y 10 funcionarios públicos, logrando que el 53% se resuelva en menos de 30 días.
El director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, dijo que para agilizar los procesos y reducir el costo económico social, el Gobierno realizará un plan integral de dos fases, la primera consiste en la priorización integral de seis instituciones públicas como los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Educación Superior Ciencia y Tecnología, Obras Públicas y Comunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Dirección General de Impuestos Internos.
También los trámites de mayor costo y la media de 70 trámites correspondientes a 37 instituciones públicas adicionales, explicó el funcionario.
En una segunda fase se enviará a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo un borrón de decreto para articular las normativas correspondientes a esos procesos.
La institución iniciará a partir de la toma de decisión sobre el plan unas mesas de trabajo con las instituciones involucradas, a los fines de verificar las recomendaciones derivadas de esos resultados.
“Esto es, eliminar las que deban ser eliminadas y simplificar las que puedan ser simplificadas”, describió Paz.
Paz informó que se establecerá un plazo de dos meses de prioridad a partir de que el plan sea aprobado.
