El exministro de Energía y Minas Pelegrín Castillo exhortó este jueves al Gobierno a aplicar el mandato de la Constitución sobre adoptar medidas de “capitalismo popular” al momento de vender acciones del complejo termoeléctrico de Punta Catalina.
El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista advirtió sobre la urgencia de reducir las fuertes tendencias de la concentración de las riquezas y activos nacionales en manos de poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros.
Castillo recordó que la Carta Magna, en su artículo 219, párrafo único señala: “Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria”.
“El capitalismo en República Dominicana debe ser redimensionado y relanzado, tanto con la apertura de nuevos campos de inversión como con la ampliación de la base propietaria”, indicó.´
Castillo exhortó a las grandes empresas privadas a producir los ajustes necesarios para abrirse con emisiones de acciones en la bolsa de valores, al tiempo que pidió a los responsables de gestionar los fondos de pensiones a colocar los mismos en áreas de mayor rentabilidad e impacto al desarrollo.
El político sostuvo que una de las razones por las que el crecimiento económico no favorece a las grandes mayorías es por las tendencias a la exclusión de los dominicanos en todos los ámbitos.
“El concepto de inclusión que maneja el Gobierno es limitado y está más asociados a programas asistencialistas.
Los dominicanos deben ser incorporados no solo a la propiedad inmobiliaria titulada, algo que viene haciéndose con algunas imprevisiones, sino a la propiedad accionaria en los grandes empresas de desarrollo”, enfatizó.
Castillo manifestó que las dos plantas a carbón de Punta Catalina, que aportarán al sistema eléctrico nacional 674.78 megavatios, son activos importantes para el desarrollo, por la cual se deben proteger.
“La experiencia positiva de otros países demuestra que sí se puede. Todo depende de la voluntad política de producir cambios”, agregó
