El exmandatario fue incluido en el proceso judicial que se lleva a cabo en Ecuador por el secuestro del político Fernando Balda.
Interpol rechazó el pedido de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, según un informe que envió a la Corte Nacional de Justicia, desde donde había salido la solicitud.
La Interpol informó a la Justicia ecuatoriana que luego de analizar la petición determinaron que «la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2 de los Estatutos de Interpol)».
Corte Nacional
La solicitud se hizo en julio pasado, luego que la jueza nacional Daniella Camacho ordenara prisión preventiva contra el exmandatario en el proceso que lleva a delante sobre el secuestro del político local Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012.
El caso Balda
Balda es un político ecuatoriano que se unió en 2006 a las filas de Alianza PAIS, partido fundado por Correa. En 2008, por desacuerdos con la agrupación política, se separó y se alió al Partido Sociedad Patriótica (PSP), férreo opositor al gobierno del exmandatario.
En 2010, a Balda le fue dictada una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave, luego de una demanda que le inició el exadministrador de Seguros Sucre, Óscar Herrera Gilbert. Se le acusó por unas declaraciones vertidas en la televisión pública en 2008, en las que decía que en la administración de Herrera se cometieron varios delitos, como arrogación de funciones, trampa en procesos de seguros, tráfico de influencias y que existía una mafia interna. Sin embargo, al momento del fallo, ya el político vivía en Colombia.
El 13 de agosto de 2012, Balda fue raptado en el norte de Bogotá, un secuestro que duró cerca de una hora gracias a la intervención inmediata de la Policía. El político ecuatoriano responsabilizó de este acto a Correa, entonces jefe de Estado de Ecuador.
Dos meses después, Colombia deportó al político y en Ecuador fue apresado para cumplir su condena pendiente.
Una vez se produjo el cambio de gobierno en Ecuador en 2017, y Correa entregó el mandato a Lenín Moreno, el tema volvió a ser visible en los medios de comunicación locales e internacionales, pese a que el caso del secuestro prescribió en agosto de 2017.
El 23 de enero de 2018 la Fiscalía General de Ecuador reabrió el caso del secuestro de Balda; y el 3 de julio, la jueza Camacho, tras aceptar los alegatos del Ministerio Público, dictó la orden de prisión contra Correa.
«Lawfare»
El expresidente ha catalogado el proceso en su contra como un ejemplo de ‘lawfare’ o judicialización de la política. A principios de noviembre dijo que el caso Balda «es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas».
También ha denunciado que las autoridades implicadas en este proceso han sido puestas «a dedo» por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), ente que integran miembros propuestos por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, luego de destituir a los antiguos miembros.
