A través de un comunicado difundido esta mañana, Odebrecht se refirió al caso del fallecido excontroller de la Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano, quien desde el 2015 dio las primeras alarmas sobre los manejos irregulares de la firma brasileña en la concesión.
Odebrecht era socio mayoritario de la megaobra -en la que Episol, filial de Corficolombiana, del Grupo Aval, tenía la tercera parte de las acciones- y en virtud de un acuerdo firmado con la justicia de los Estados Unidos tuvo que empezar a revelar los alcances de sus prácticas de corrupción en una docena de países de América y África.
En el comunicado, la firma sostiene que «desde finales de diciembre de 2016 viene demostrando su efectiva disposición y voluntad de colaborar con las autoridades colombianas para el esclarecimiento de los hechos declarados ante autoridades extranjeras y sobre los relacionados con las investigaciones independientes que han sido conducidas en Colombia por la Fiscalía General de la Nación». Esa colaboración fue una de las condiciones impuestas por Estados Unidos para no procesar penalmente a las cabezas de la multinacional.
En el caso colombiano, los expresidentes de Odebrecht en el país, Luiz Antonio Bueno Júnior y Luiz Antonio Mameri, han entregado información en medio de una negociación con la Fiscalía con la que buscan no ser procesados penalmente por pagar sobornos, una política que según la investigación en los Estados Unidos fue sistemática en la firma multinacional en todos los países donde operaba y que era manejada a través de una dependencia fachada, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuya función era enmascarar los pagos de coimas en todo el mundo.
También asegura Odebrecht que el 10 de enero de 2017 sus ex funcionarios presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal por cohecho en la que mencionaron al exviceministro de Transporte y exdirector del Inco Gabriel Morales, al igual que a José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval y socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II.
Odebrecht dice que «como consecuencia de esta denuncia penal, García Morales fue imputado por la Fiscalía por el delito de cohecho, cargo que aceptó voluntariamente y por el cual se encuentra condenado actualmente a la pena de cinco años de prisión»; y que por su información «la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de cohecho, en condición de coautor, al doctor José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana para la época de los hechos, ordenándose su detención preventiva en establecimiento carcelario».
El comunicado de la empresa brasileña afirma que «dentro del referido proceso penal que se adelanta en contra de José Elías Melo Acosta, la Fiscalía solicitó como testigos de cargo en contra del acusado no solo el testimonio de los colaboradores brasileros que actuaron como denunciantes, sino también el del doctor Jorge Enrique Pizano».
Y agrega: «Según la argumentación de pertinencia de la prueba testimonial que debería entregar el doctor Pizano, éste, según la Fiscalía, en su condición de controller de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, cargo para el cual fue designado por la empresa Corficolombiana, habría detectado irregularidades que puso en conocimiento de José Elías Melo Acosta, quien no adoptó medidas al respecto. En sus declaraciones tornadas públicas recientemente, el doctor Jorge Enrique Pizano ha hecho mención de que habría informado en su momento acerca de dichas irregularidades adicionalmente a otros ejecutivos de Corficolombiana».
Según la multinacional, sus exejecutivos han colaborado con la justicia de cada país donde Odebrecht pagó sobornos. Así, dice que la firma «y sus exfuncionarios no obstante las significativas consecuencias que ello ha acarreado, han acudido a las autoridades, no solo de los Estados Unidos de América y de la República Federativa de Brasil, sino de Colombia, para asumir las responsabilidades que les correspondan, indemnizar al Estado colombiano y denunciar hechos como los que tienen que ver con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato Ruta del Sol II».
Y agrega: «Recientemente autoridades administrativas colombianas, se han pronunciado formalmente informando sobre apertura de investigaciones y formulación de pliego de cargos que involucran a las empresas Estudios y Proyectos del Sol S.A. (Episol S.A.) y a la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana S.A.) con el pago de cohecho al doctor Gabriel Ignacio García Morales, de modo que resulta cuestionable el comunicado de prensa de esta última en el que afirma: “rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos”.
El comunicado de Odebrecht concluye diciendo que la empresa «reitera el compromiso irrestricto de colaboración con las autoridades judiciales colombianas, y por eso manifiesta su indeclinable propósito, bajo los términos del “Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil», ratificado por la Ley 512 de 1999, de brindar todo el apoyo necesario para que sus ex ejecutivos, en calidad de colaboradores de la Justicia (tanto en Brasil como en Colombia), sirvan como testigos de cargo de la Fiscalía General de la Nación en contra del doctor José Elías Melo Acosta, ex Presidente de Corficolombiana, dentro del proceso que se le adelanta por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautor».
La colaboración en el caso de Melo está en este momento suspendida, pues autoridades brasileñas pretenden que Colombia firme un documento en el que la justicia nacional se comprometa a no usar las pruebas y evidencias que serían entregadas en ese proceso y que pueda comprometer penalmente la responsabilidad de Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, los ejecutivos de la multinacional que estuvieron al frente de los pagos de coimas relacionadas con varias megaobras en el país.
