El diputado Fidel Santana informó este martes que, junto a los también diputados Besaida González y Fidelio Despradel, sometieron un proyecto de resolución mediante la cual se solicita presidente Danilo Medina Sánchez declarar de utilidad pública los terrenos donde ha sido construida la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Tras presentar la propuesta, el legislador expuso que dicho proyecto está motivado en el hecho de que el Estado dominicano ha destinado una inversión de más US$2,000 millones para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 MW brutos cada una, que sumarían un total de 752 MW brutos, ubicada en el Distrito Municipal de Catalina, Baní, Provincia Peravia, República Dominicana.
Sostuvo que la resolución toma en cuenta que para la construcción del proyecto, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) arrendó por 50 años a la familia Vicini los terrenos donde se ha construido la Central Termoeléctrica Punta Catalina, mediante contrato firmado el 31 de agosto del 2015 por Jerges Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Cdeee y Felipe Vicini Lluberes, presidente la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., propietaria de los terrenos.
Los legisladores afirman que dicho contrato no establece un valor específico en términos monetarios, sino que el monto a ser pagado anualmente por la Cdeee a la familia Vicini será definido a través de una compleja fórmula acordada entre las partes y que incluye un componente fijo y uno variable, lo que genera incertidumbre sobre el costo del arrendamiento de los terrenos en que se construye la Planta Termoeléctrica Punta Catalina.
Señalan que el proyecto de resolución toma en cuenta que en toda obra de interés público es norma que el Estado dominicano entre en posesión de los inmuebles indicados, a fin de que se puedan iniciar en los mismos los trabajos necesarios para el levantamiento de las mismas.
De acuerdo a los legisladores la Constitución de la República, en su artículo 51, estatuye y garantiza el derecho de propiedad, para lo cual la Ley establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, lo que está avalado por una larga cadena de antecedentes de expropiaciones y declaratorias de utilidad pública, cuando el Estado realiza inversiones y construcciones de obras de interés general.
Los legisladores consideraran que el Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, está facultado para dictar decretos declarando de utilidad pública e interés social los terrenos donde se levanta la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Los diputados, en tal sentido, solicitan, a través de un proyecto de resolución, al jefe de Estado declarar de utilidad pública los terrenos donde ha sido construida la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
