Con la finalidad de evitar que delincuentes continúen asesinando a abogados, comerciantes y empresarios, dos organizaciones de Derechos Humanos propusieron al ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, aplicar un programa que se denomine “mano dura” mediante el cual se controlen las armas de fuego en manos de civiles y las que permanecen en los diversos tribunales de justicia del país.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Desacatados (Afamidesa), y la Defensoría de los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Dededin), indicaron que la sociedad dominicana ha sido impactada en los últimos cinco años por decenas de crímenes contra abogados como el ocurrido en La Romana contra el también pastor Santo Cedeño del Rosario, a quien desconocidos propinaron varios disparos.
Consideraron que es un buen momento para que Interior y Policía solicite al Ministerio Público que le envíe las armas de fuego que están retenidas en las diversas fiscalías del país.
“Hacemos esta propuesta porque hace unos tres años que desconocidos penetraron al depósito de una fiscalía en la región Sur y sustrajeron una gran cantidad de armas de fuego que eran cuerpo del delito y hasta la fecha no se ha informado que fueron recuperadas”, revelaron.
Afamidesa y Dededin entienden que muchos de los depósitos que funcionan en las fiscalías no son seguros, por lo que es Interior y Policía que debe tener control de esas armas para evitar que lleguen a manos de delincuentes y que estos cometan acciones criminales como las ocurridas en los últimos años.
Las entidades de Derechos Humanos creen que Interior y Policía debe iniciar la aplicación del programa “mano dura” haciendo un estudio pormenorizado de las armas de fuego que tiene registrada y en poder de ciudadanos.
“Hay denuncias de que decenas de personas tienen armas en sus viviendas con más de diez años con permisos vencidos y no son notificadas o llamadas para que normalicen el pago de sus impuestos”.
Lamentaron, que utilizando armas de fuego que pueden ser controladas, delincuentes quitaran la vida a Cedeño del Rosario, mientras que en los últimos cinco años más de diez profesionales del derecho, entre los que figuran Junior Ramírez, han sido asesinados por antisociales que se las ingenian para conseguir armas de fuego.
De igual manera, José A. Thomas, directivo de Dededin, exhortó al presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surum, hacer un llamado a los profesionales del derecho para que adopten algún tipo de medida que evite sean presa fácil de los delincuentes.
