El equipo de campaña del expresidente Leonel Fernández está convencido de que la decisión de la Junta Central Electoral (JCE), de dar un plazo de cinco días, a los partidos para suspender todas las actividades proselitistas, obedece a una bellaquería planificada en el Palacio Nacional.
Se recuerda que el organismo electoral, otorgó un plazo de cinco días para suspender todas las actividades proselitistas que incluyan marchas, caravanas, propagandas, uso de altoparlante, movilización de personas en la vía pública.
La decisión fue emitida por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), a través de un comunicado en el que advirtió también, que toda persona que se encuentre realizando dichas acciones, transgrede las normas vigentes destinadas a pautar las normas electorales.
Según fuentes cercanas al grupo de expresidente Fernández, desde el Gobierno se articuló ese plan y acusan al Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo del ser el artífice de la estrategia.
De acuerdo a la fuente Montalvo sometió mediante Carmen Imbert Brugal la propuesta que luego ella la presentó al pleno de la JCE para ser convertida en resolución.
La persona quien no quiso ser identificada afirmó que posterior a someter la iniciativa al Pleno del organismo la votación fue la siguiente: Carmen Imber Brugal, Julio César Castaño y El Juez suplente Juan Bautista Cuevas votaron a favor.
Mientras que los magistrados Rosario Graciano y Roberto Saladín sufragaron en contra. “Ahora la estrategia siguiente es usar a Ramón Fadul (Monchy), para aplicar la resolución de la JCE”, reveló la fuente.
De su lado, la iniciativa de la JCE sigue concitando reacciones a favor y en contra, mientras que los cercanos al presidente Danilo Medina consideran atinada la disposición de la órgano rector, los cercanos al grupo de Leonel Fernández minimizan la medida y consideran se trató más bien de una bellaquería palaciega.
Por su parte, el coordinador de campaña del exgobernante, Bautista Rojas Gómez, al abundar sobre el particular dijo que no cumplirán ninguna medida que provenga de la “ilegalidad”.
Sin embargo, cabe recordar que el actual presidente de la JCE siempre ha sido coherente en su planteamiento de que ese organismo tiene facultad de reglamentar derechos fundamentales mediante resoluciones. Así lo planteó la vez anterior que ocupó esa posición.
