Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos, frente a niveles del 55% en 2010. Al igual que en el resto de América Latina, la percepción de corrupción en las instituciones públicas ha aumentado en la República Dominicana hasta niveles del 65% de la población en 2016, pero aún se mantiene por debajo de los niveles de la región, en la que este indicador se sitúa en un 80% del total de la población.
Estos datos están contenidos en el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2018. Repensando las instituciones para el desarrollo” presentado este día por el subdirector de la Unidad de América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien explica además que estas dinámicas están llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social.
El informe indica además que la región debe avanzar hacia instituciones más confiables, más capaces, más abiertas y más innovadoras para continuar con una senda de mayor desarrollo inclusivo.
En estudio refleja también que la proporción de la población que expresa confianza en el Gobierno nacional ha disminuido, al pasar de 64% en el 2006 a 55% en el 2016. Los países de otras regiones que lograron superar con éxito esta trampa invirtieron en instituciones sólidas, profundizaron su integración con la economía mundial y, en algunos casos, se beneficiaron de un financiamiento externo significativo para respaldar la inversión pública.
Al mismo tiempo, el documento destaca la rápida expansión de la clase media como una de las principales transformaciones socioeconómicas de los últimos tiempos en ALC. El 34,5% de la población se podría considerar como clase media consolidada en 2015, por encima del 21% en 2001.
De acuerdo a la investigación, en 2015 el 52% de los latinoamericanos, 6 puntos porcentuales más que en 2011, aseguró estar dispuesto a evadir impuestos si tuvieran la ocasión de hacerlo. El descontento social con los servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable, pues no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad, generalmente más costosos y provistos por el sector privado.
