El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (Fenattransc), denunció este domingo que el gobierno está gestando una “trama perversa” con el propósito de poner en manos del sector privado el servicio de transporte de pasajeros y de cargas en todo el territorio nacional.
Mario Díaz señaló que el objetivo es sacar a los choferes del servicio del transporte, y en su lugar brindarles todas las facilidades a los ricos tradicionales y los nuevos ricos creado en base a la corrupción en sus diversas manifestaciones.
Díaz advirtió al presidente de la República, Danilo Medina, que debe frenar esos intentos, y precisó que los choferes no se van a quedar cruzados de brazos frente a ese “empeño malicioso” que procura dejar sin trabajo a cientos de miles de trabajadores que viven del volante.
Dijo que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, (Intrant), a pesar del empeño de su directora, Claudia de los Santos, ha sido inoperante en la tarea de articular una estrategia tangible y viable que permita encaminar esfuerzos reales en la dirección de solucionar “el caos existente en el transporte”.
El dirigente choferil indicó que desde el Intrant lo que se ha estado es anunciando medidas represivas en contra de los choferes, mientras que no se ofrecen soluciones tendentes a resolver el problema.
“El gobierno lo que ha estado es golpeando de una manera sistemática a los trabajadores del transporte, mediante el anuncio de aplicación de multas “excesivamente altas”, lo que será un elemento permanente de conflictos ante la imposibilidad material de que un chofer de carro público pueda pagar multas que se elevan a más de 5 mil pesos”, expresó.
Dijo que esta medida se une a los constantes aumentos decretados en los combustibles, lo que ha afectado sensiblemente al sector transporte y a la ciudadanía, lo que pinta claramente las perspectivas de un trastorno social de envergadura, toda vez que las alzas de los carburantes han generado una inflación incontrolable en los bienes y servicios.
Señaló que el Intrant se retrata de cuerpo entero cuando anuncia que la renovación del parque vehicular se hará mediante un fideicomiso sustentado en los recursos recaudados por concepto del artículo 20, de la ley 253-12, el cual servirá de garantía a los bancos para que financien los vehículos que pudieran adquirir, lo que constituye “un sainete y una pantomima”, ya que los choferes casi en su totalidad no califican para obtener préstamo bancarios.
El Intrant dice que el fondo acumulado será la garantía para que los bancos cobren el dinero que pudieran invertir los sectores poderosos que se quieren apropiar del servicio de transporte, en connivencia con el gobierno, argumentando que todos los proyectos que se han puesto en práctica han fracasado, como si los trabajadores fueran los culpables de los fracasos.
“La culpa del fracaso de los diversos proyectos implementados la tienen los diversos gobiernos involucrados en los mismos, en razón de que no ha existido una actitud real de buscarle solución al problema del transporte, sino que los gobiernos han utilizado los programas para beneficiar a funcionarios y empresarios, mientras que los choferes son instrumentalizados para que transporten, casi siempre de gratis, a activistas y militantes de los partidos en el gobierno” dijo.
“Han sido los gobiernos de turnos los causantes del fracaso de los programas que se han implementado supuestamente para resolver el problema del transporte, los choferes han tenido que cargar pesado, mientras están peligrosamente amenazados en esta ocasión para complacer los apetitos voraces de los nuevos ricos que quieren apoderarse del sistema de transporte, lanzando a la miseria a cientos de miles de padres de familias que han dedicado toda sus vidas al trabajo pesado para mantener a sus hijos”, exclamó.
Finalmente, Mario Díaz dijo que el gobierno tiene que utilizar los fondos establecidos por la ley y financiar los vehículos, «porque se pueden contar con los dedos de una mano» la cantidad de choferes que puedan calificar para obtener financiamiento bancario, y esos compañeros no se van a dejar morir de hambre.
Existe una situación social preocupante, por lo que el gobierno debe actuar de conformidad con el interés de los ciudadanos, y no con el interés de favorecer intereses ajenos al transporte.
