El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, debería ser investigado por la compra de los equipos tecnológicos utilizados por el organismo para las elecciones de 2016 y los cuales no servirían para otros procesos, a pesar de haber costado 39.7 millones de dólares.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, pidió que se investigue a profundidad todo lo relacionado con los escáneres adquiridos por la JCE, para ser utilizados en el proceso de las elecciones del 2016 y que no podrán emplearse en 2020.
La JCE gastó más de US $39.7 millones en la compra de esos equipos y ahora una evaluación realizada por la Dirección de Informática de la JCE determinó que los mismos no están aptos para ser usados en procesos futuros.
El diagnóstico estableció que el desempeño de los equipos, conforme a las expectativas contratadas, fue muy pobre, ya que un 36% de los colegios electorales no transmitió ningún dato y aproximadamente el 58% de las relaciones de votación del nivel C1 (voto preferencial) fueron procesadas de forma manual.
Sostiene que desde la primera prueba se detectaron fallos en los equipos; y que en ninguno de los demás intentos se pudo conseguir una transmisión de datos mayor al 74% de los colegios electorales.
“Debemos señalar que a sabiendas de los fallos y los desperfectos físicos de los equipos, teniendo conocimiento de que algunos de estos requieren de mantenimientos básicos necesarios, como es el cambio de las baterías, no fueron sometidos a reparación en cumplimiento de la garantía”, aduce el informe. En la actual gestión se exigió la reparación en base a la garantía.
Cuestionado al respecto el legislador del PRM aseguró que inclusive el expresidente de la JCE Roberto Rosario sabía que esos aparatos solo podrían ser utilizados en el proceso electoral del 2016, y los compró atento a su criterio: “lamentó que hoy día esos escáneres no sirvan para otras elecciones”.
Díaz explicó que lo anterior es un tema para la Cámara de Cuestas y Procuraduría General de la República, a fin de que se investigue por qué si a sabiendas de que se utilizaría en un solo período, Rosario impuso su voluntad y compró esos escáneres.
El legislador dijo que por su parte, como legislador de la oposición, estará vigilante y exigirá que se produzca una investigación en relación a esa compra.
Expuso que en caso de que las instituciones antes citadas no hagan su trabajo, estarán solicitando la creación de una comisión para que Roberto Rosario sea llevado al Congreso y explique por qué adquirió esos equipos consciente de que entrarían en obsolescencia con un solo período.
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, calificó de grave esa situación y señaló que en todas las adquisición del Estado se incluye lo que es la garantía, por lo que debe ser objeto de una investigación profunda.
Surún Hernández dijo que ese hecho debe mover a reflexión y estudios por partes de las autoridades de la Junta Central Electoral respecto a las acciones que se deben tomar en lo inmediato contra la empresa que suplió esos equipos.
“Cada vez que el Estado hace una determinada inversión deben garantizarse lo que es la recuperación en el tiempo y no es lógico que luego de transcurrido tan corto tiempo luego de su adquisición, un estudio, precisamente de la JCE, determine que los equipos ya no tengan ningún tipo de utilidad”, apuntó.
Expuso que espera que se inicien las acciones correspondientes a nivel internacional para someter a la empresa que suplió dichos equipos, de forma tal que el Estado no tenga que perder esa cuantiosa suma de dinero.
“Las autoridades deben analizar a profundidad las consecuencias del informe y sobre esa base esperar posición definitiva al respecto”, concluyó.
