Los propietarios de los dos hoteles de la marca Vik que operan en Punta Cana presentaron una querella por ocupación y uso ilegal de terrenos del complejo turístico, con guardianes armados, para fines ajenos a la empresa, acción que crea múltiples problemas al funcionamiento de estos establecimientos.
Según un comunicado al que ha tenido acceso este digital, la sociedad comercial, Inversiones PC&C (PCC), propietaria del complejo hotelero expuso ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, que Juan Ramón Fernández Abiega, socio minoritario del complejo hotelero, realiza esta y otras actividades ilícitas para presionar a los socios mayoritarios a que compren las acciones que tiene en la empresa a un precio arbitrario que no guarda relación con el valor de mercado de la propiedad.
Fernández vendió en el año 2007 a la hotelera PCC la propiedad en cuyo frente de playa ha iniciado el desarrollo de un club de playa para favorecer otras empresas de su propiedad que tienen inversiones inmobiliarias próximas al complejo hotelero, y en adición reclama una servidumbre de paso para facilitar el acceso a la instalaciones ilegales que pretende establecer en la playa.
El consejo de abogados de PCC explica que todas estas presiones se iniciaron en el 2008 cuando la empresa se enteró que Fernández no había completado la transferencia de una porción de la propiedad adquirida, y que además esta había sido hipotecada a un banco y este se quedaría con ese terreno porque la deuda de US$400 mil no había sido saldada.
Destacó que para para superar esa situación los accionistas mayoritarios de PCC decidieron pagar la deuda y Fernández se comprometió bajo contrato a completar el traspaso del terreno a PCC, compromiso que no ha cumplido ha pesar de que han transcurrido nueve años del caso y diez de la compra.
El Consejo de Abogados de PCC integrado por Luis Rivas, Jesús Almánzar y Raúl Corporán, por esta y otras acciones interpuso una acusación privada con constitución en actor civil contra Juan Ramón Fernández Abiega por el “uso ilegal, abusivo, arbitrario y sin consentimiento” de un terreno frente a la playa propiedad de la referida empresa.
La acción penal se fundamenta en lo previsto en el artículo 479 de la Ley General de Sociedades, que penaliza el uso de bienes de una sociedad comercial por parte de sus administradores sin el consentimiento de ésta, para favorecer empresas en las que quienes actúan tengan un interés directo o indirecto.
Fernández como accionista minoritario es parte del consejo de PCC y las empresas que se benefician de sus actividades ilegales son de su propiedad.
