Los tres congresistas encartados por la Procuraduría General de la República junto a otros 11 funcionarios, exfuncionarios y exlegisladores en el expediente Odebrecht, han pataleados al conocer la orden de arresto en su contra y de inmediato negaron tener relación con los sobornos entregado por la empresa brasileña para obtener contratos de obras en el país.
Inmediatamente la Procuraduría inició los arrestos de los 14 acusados, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, convocó una rueda de prensa en la que se defendió como un gato bocarriba y dijo que ha sido vinculado de manera injusta.
De manera airada, Pacheco sostuvo que demostrará su inocencia y anunció que acudirá a la justicia a defender su honor.
El vocero del bloque de legisladores del PRM expresó que con inmunidad o sin ella asistirá a los tribunales porque no he sido sobornado, por lo tanto no soy un ladrón, no he robado.
No soy ladrón, no soy corrupto, busquen bien los señores que dirigen el tren judicial a los ladrones que andan por ahí por las calles, exhibiendo riquezas, helicópteros, villas y de todo y están a la vista de todo el país, expresó Pacheco ante la vinculación que le hizo la Procuraduría en el caso Odebrecht.
Señaló que al igual que amplios sectores de la sociedad ha estado reclamando para que se ponga fin a la corrupción y a la impunidad en el país.
Ante esta imputación pido a los diputados, a mis familiares, amigos y relacionados y aquellos que han admirado mi forma de actuar, que me permitan transitar este lamentable y doloroso proceso del que estoy muy seguro que saldré bien, formuló.
No tengo ningún hecho que violente ni la Constitución de la República, ni las leyes ni las reglas de buen comportamiento en una sociedad, manifestó finalmente.
Mientras que el senador oficialista por Santiago, Julio César Valentín, declaró mediante un comunicado que no tiene ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht. Valentín presidió la Cámara de Diputados por cuatro años.
Dijo que el país puede tener la seguridad de que cualquier escrutinio ceñido a la verdad de los hechos tendrá un solo resultado, que no tengo ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht ni de ninguna empresa.
Siempre he sido transparente ante mi pueblo y en esta ocasión no es la excepción. Demando de las autoridades que revisen el historial de mi patrimonio y que todo se haga público. No albergo temor alguno porque la verdad siempre sale a flote y por ella lucharé, indicó el congresista.
Entre tanto, el también senador oficialista, Tomy Galán, no ha hecho pública ninguna reacción sobre la orden de arresto en contra dictada por el juez Francisco Ortega Polanco, por su supuesta implicación en el caso de los sobornos Odebrecht, que incluye exministros, legisladores, abogados y empresarios.
Sobre el caso el procurador general, Jean Alain Rodríguez, aseguró que todos los requeridos figuran en los documentos entregado por la Fiscalía de Brasil, y aseveró que están todos los que son y son todos los que están.
Luego de las órdenes de arrestos y los allanamientos, se espera que a partir de este martes la Procuraduría inicie las solicitudes de medidas de coerción, a los fines de encausarlos.
El proceso judicial deberá ser conocido por la Suprema Corte de Justicia, ya que algunos implicados son congresistas y ministros activos, por lo que conforme a la ley, la Suprema debe ser quien juzgue a los imputados con jurisdicción privilegiada.
Los detenidos son: Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, exministro Obras Públicas.
También, Radhamés Segura, exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Andres Bautista, expresidente del Senado y actual presidente del opositor PRM; el exdiputado Ruddy González y Ángel Rondón, quien era supuestamente la persona que manejó los 92 millones de dólares que la empresa brasileña entregó en soborno en el país para que le fueran adjudicadas obras.
Además, Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa), y César Sánchez, exvicepresidente ejecutivo de la Cdeee y dirigente del PRM.
Sobre el caso, el jurista Carlos Salcedo, abogado del exsenador Andrés Bautista, dijo que los apresados pueden enfrentan pena de entre 3 a 20 años de cárcel, y que podría perder sus bienes y ser inhabilitados para ocupar cargos públicos.
