Brasil.- La defensa de la destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, solicitó el inicio de una investigación por perjurio contra los empresarios Joao Santana, Mónica Moura y Marcelo Odebrecht, alegando que los tres mintieron a la justicia, incluso ante el juez Sérgio Moro.
En sus argumentos de cierre, de 285 páginas, depositados la tarde de este lunes, en el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño, los abogados indican que antes de cualquier consideración sobre las declaraciones mentirosas de los millonarios socios propietarios de las empresas Polis Propaganda y Marketing y Santana & Asociados, es importante y necesario resaltar que el análisis recaerá en las declaraciones de personas que están entre los mejores profesionales de propaganda y mercadeo del país.
Santana, quien fue responsable de campañas del Partido de los Trabajadores (PT) para la Presidencia de Brasil, declaró que Rousseff sabía del uso de la llamada caja 2, que Odebrecht usó para hacer pagos irregulares, en su campaña de 2014.
Mientras, la publicista brasileña Mónica Moura, esposa y socia de Joao Santana, el responsable de las campañas electorales del entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) aseguró este martes ante la Justicia que las campañas presidenciales de Dilma Rousseff fueron financiadas ilegalmente.
Los abogados de Rousseff alegan que, contrariamente a lo que se indicó en la corte, tanto Santana y su esposa, y la empresa Polis Propaganda, tuvieron ganancias extremadamente altas en 2014, superior a los 30 millones de reales. Consideran falso que la pareja sufriera pérdidas de 25 millones de reales en la campaña de Brasil.
En el documento citan que Moura afirmó haber recibido en 2014 un monto de 10 millones de dólares, siendo 1.2 millones en la cuenta Shellbill y 8 millones en especie en Panamá.
Los abogados Flávio Crocce Caetano, Arnaldo Versiani Leite Soares, Renato Moura Franco y Breno Bergson Santos solicitaron al tribunal que los testimonios de Santana y Moura sean desconsiderados, los imputados responsabilizados por el crimen de falso testimonio e incumplimiento del deber de decir la verdad y, consecuentemente, se derogue el beneficio concedido bajo el régimen de colaboración premiada.
Los abogados de la expresidenta solicitaron que el empresario se responsabilice del delito de falso testimonio, por no decir la verdad, y se revoquen los beneficios por ser colaborador premiado de la Justicia Federal.
