El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), exigió este lunes que sea dejado en libertad el dirigente de Los Peregrinos y la Macha Verde, en la provincia Espaillat, Juan Dionicio Compres (Guanchy), quien se encuentra detenido desde el miércoles 3 de mayo bajo el falso alegato de haberle ocupado drogas.
La audiencia para conocerle medida de coerción está prevista para las 2:00 de la tarde de este lunes, en el Tribunal de Atención Permanente del municipio de Moca.
Al exigir justicia, el Falpo establece que vista la Constitución, el Código Procesal Penal, así como los tratados internacionales, el señor Juan Compres debe ser puesto en libertad, ya que no existe la más mínima vinculación con el hecho que se le imputa.
Este lunes el procurador Jean Alain Rodríguez instruyó al procurador fiscal titular de la provincia Espaillat, José Aníbal Carela, para que le solicite presentación periódica como medida de coerción, en lugar de prisión preventiva, a fin de que recupere su libertad y garantizar que permanezca a disposición de la investigación ampliada, mediante la cual se podrá determinar con certeza lo acontecido.
En una carta pública al procurador Rodríguez, el Falpo hizo de conocimiento público la presente solicitud de libertad, a los fines de que deje sin efecto el pedido de medida de coerción que ha solicitado su subalterno, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, en contra de ciudadano Compres.
Creemos fielmente en la independencia de los poderes públicos, en el caso específico del Ministerio Público, la Constitución lo define como el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Está consagrado como único e indivisible, y que debe investigar a cargos y descargos, para que sea objetivo en su solicitud de medida, siempre y cuando se actúe en base a la verdad y ninguno de nosotros estaría excepto de ser investigado por cualquier hecho que contravenga las leyes del país.
Llegar al extremo como ya ha visto todo el país, de colocarle drogas a un dirigente, acto este que se constituye en un crimen a la ley de leyes, es tratar de minimizar el derecho a la libertad política e individual del ciudadano, es un retroceso del cual en estos tiempos no deberíamos estar hablando, pero está ahí y en Moca se ha vivido estos días con mayor vigorosidad ese imperdonable retroceso de derechos y garantías mínimas, indica la entidad en un documento.
