Dajabón.-El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, declaró en esta ciudad que antes de 1996, en el país ningún funcionario tenía que rendir cuentas de su patrimonio, pero que a partir de esa fecha se han aprobados leyes o normativas que fortalecen la institucionalidad, la democracia y la transparencia jamás realizadas en la República Dominicana.
El funcionario dijo que ahora los funcionarios deben hacerlo, debido a que cualquier ciudadano puede pedir cuentas a cualquier institución, amparado por la Ley.
Observó que la gestión pública debemos ejercerla con vocación de servicio, reconociendo que el ciudadano es el actor principal.
Afirmó que cualquier ciudadano puede pedir las cosas que le interesan sobre el gasto público, nómina o salarios. Y hay que entregárselo por los derechos que los ciudadanos están adquiriendo», destacó el funcionario.
Ventura Camejo ofreció estas declaraciones durante un recorrido que realizó, en compañía de otros funcionarios del Ministerio de Administración Pública (MAP), por ocho instituciones entre hospitales y Ayuntamientos de esta provincia, Santiago Rodríguez y Valverde.
El viaje también incluyó a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coravega), con la finalidad de supervisar planes de mejoras y acuerdos de desempeño institucional firmados por esas entidades con el MAP.
«Sin duda que en la República Dominicana, sobre la base de las evidencias y fundamentos, tenemos mayor fortaleza institucional», dijo el ministro.
Ventura Camejo citó al historiador francés, Alexis de Tocqueville (18051859), quien escribió sobre «La Democracia en América». El funcionario explicó que Tocqueville recomendó a Estados Unidos que para fortalecer su democracia, tenía que corregir el despotismo benevolente en que vivía, garantizar una prensa abierta y una sociedad civil independiente.
«Pues hoy, podemos decir que la República Dominicana goza de la garantía y los derechos ciudadanos para emitir sus juicios o sus opiniones, y por tanto también existe en el país una mayor fortaleza institucional y mayor transparencia», agregó.
El ministro Ventura Camejo citó la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, la 41-08 de Función Pública y la 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio, entre otras, todas aprobadas después de 1996.
