El director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, reaccionó sobre la sentencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal que deja en libertad a dos personas implicadas en el tráfico de 333.13 kilogramos de cocaína pura, decomisados el pasado mes de abril en el municipio de Nigua y aseguró que continúa la misma enfermedad jurídica en los casos del crimen organizado.
Miranda Villalona precisó que esos casos tienen que ser conocidos por jueces de carreras y no por magistrados de Paz: «Eso tiene que reglamentarse o buscarse una salida desde el punto de vista de la administración de la justicia», aseveró.
No obstante, explicó que un narcotraficante que tenga un año de medida de coerción y a los 15 días somete un recurso de revisión no se le puede variar de un momento a otro, como en este que se hizo mediante jueces suplentes.
«Hay que extirpar los casos de tratamiento en la administración judicial del crimen organizado y no permitir que un juez de paz conozca un caso de esta magnitud, complejo y lleno de complicaciones», acotó.
Dijo que la solución debe venir de la Suprema Corte de Justicia, determinando una reglamentación y crear jueces especiales para que conozcan los asuntos de narcotráficos.
Manifestó que lo sucedido en San Cristóbal no fue de buena fe, ya que la composición del tribunal se realizó de manera acelerada y se notificó al Ministerio Público a partir de las 6:00 de la tarde, pero el lunes inicia la audiencia más puntual que en cualquier Fiscalía y jurisdicción nacional, a las 9:00 de la mañana, para los fines y propósitos de los beneficiados.
Finalmente, el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, señaló que si se cometió alguna indulgencia entiende que no debe de anidarse, porque si se mantiene esa temática de jueces suplemento tratando caso de narcotraficantes nos «jodimos»
Se recuerda que la Corte de Apelación de San Cristóbal adoptó la decisión tras acoger un recurso de apelación interpuesto por los imputados Erick José Pérez Taveras y Elizabeth Reynoso Peralta, otorgándoles una garantía económica de un millón de pesos mediante contrato de fianza.
A Pérez Taveras y a Reynoso Peralta el Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal el pasado mes le había impuesto la prisión preventiva como medida de coerción junto a José Miguel Ceballos Rosario, presunto cabecilla de una organización criminal vinculada al narcotráfico; Viviana Castillo Turbí (esposa de Ceballos Rosario), Rosario Altagracia Guzmán Ureña, Rodolfo Antonio Rosa Álvarez (Compadrito), José Antonio Nova Solano y Roberto Antonio Valdez Cuello (El Guardia).
La Corte, además, rechazó un recurso interpuesto por la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal contra la declinatoria al Departamento Judicial de Santiago del caso de la imputada María Trinidad Núñez.
El Ministerio Público indica que en este caso se violentó el procedimiento penal porque el tribunal no dio tiempo para contestar el recurso de apelación, ya que fueron notificados del conocimiento del mismo en horas de la tarde del pasado 3 de junio, próximo al fin de semana.
