El exjuez de la Junta Central Electoral (JCE), Ramón Hernández, consideró que el gran cúmulo y las comprobadas irregularidades en las distintas juntas electorales durante el pasado proceso electoral lo hacen ilegitimo, por lo que procede su anulación total.
Afirmó que la situación es más grave, porque el organismo organizador del proceso no ha cumplido con sus propias resoluciones.
Citó el protocolo aprobado por el Pleno de la JCE, después de la visita de los candidatos presidenciales, el cual definió el procedimiento para el escrutinio en los Colegios Electorales. Recordó que ese protocolo fue acogido por iniciativa del expresidente colombiano Andrés Pastrana, coordinador de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este protocolo dispone que ‘’en todos los colegios electorales (15,339), se procedería a realizar el conteo de voto manual y electrónico, en los tres niveles de elección”, lo cual no ha sido cumplido ni hecho cumplir por las autoridades del organismo electoral.
Además, establece que si se presentara diferencia en los resultados electorales entre una y otra acta, entonces se “deberán elaborar los boletines, prevaleciendo los votos que consten en el acta manual”.
Esta disposición también lo establece el propio Procedimiento de Escrutinio que la JCE aprobó tres días antes del 15 de mayo (que enmienda las resoluciones 64 y 69 de 2016).
Hernández expresó que es sabido, que en una considerable cantidad de colegios electorales sólo se escrutó electrónicamente y que el acta manual no la levantaron, por lo que amerita que se cuenten los votos de dichos colegios, cuyas boletas están en las respectivas juntas electorales de los municipios.
Manifestó que “Ni hablar del voto preferencial para la escogencia de los diputados (Acta # C-1), que para determinarlo, en muchos casos, se deberá ir a la fuente primaria, es decir, revisar las boletas que están en las valijas en las juntas municipales”.
Finalmente afirma que esta es la única forma de corregir las distorsiones que se generaron, si es que la JCE pretende decidir quién ganó las diputaciones en conflictos, realizando el razonable cotejo entre el Acta C-1 (preferencial) con las boletas congresuales.
