El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reiteró a todos los fiscales que deben solicitar prisión preventiva como medida de coerción, sin excepción, contra todas las personas que sean sorprendidas portando armas de fuego ilegal.
Definió como preocupante la cantidad de armas de fuego que fueron incautadas durante el pasado proceso electoral, donde más de 38 de diferentes tipos y calibres les fueron ocupadas a ciudadanos que acudieron con ellas a diferentes colegios electorales, en Barahona, Valverde, Higüey y Moca, entre otras jurisdicciones.
«Reiteramos a los fiscales la instrucción de solicitar prisión como medida de coerción, contra todo ciudadano que sea sorprendido portando armas de fuego sin la debida autorización ni regulación”, indica Domínguez Brito en una nota.
El procurador también llamó a los jueces para que actúen con mayor drasticidad en estos casos, ya que muchas armas son obtenidas fruto de robos o del tráfico y luego son utilizadas en la comisión de crímenes y atracos.
En ese sentido, instruyó a todo el Ministerio Público ser fuertes en la persecución de esos delitos, que son sancionados por la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, al tiempo que enfatizó en que un gran número de ellos son cometidos con armas ilegales.
