Mientras los centros privados de salud se ven precisados a devolver enfermos sin siquiera prestarles los primeros auxilios, por no tener un seguro médico que sustente la atención o porque sus parientes no dispongan del dinero para hacer un depósito que respalde su ingreso, de igual forma los hospitales públicos lo hacen, pero debido a que sus salas de internamientos siempre están repletas y no existe espacio para ampararlos.
El caso más reciente es el padecido por Ramón Padilla, un hombre de 50 años, residente en la calle Trinitaria, número 31, del sector Buenos Aires, Herrera, Santo Domingo Oeste, quien fue llevado a tres hospitales en los cuales no fue recibido pese a su grave estado de salud y a disponer del seguro subsidiado de Senasa.
Fue conducido por vecinos al Hospital Francisco Javier Billini, donde no lo ingresaron y se limitaron solo a indicarles que lo llevaran al Francisco Moscoso Puello o al Marcelino Vélez Santana, donde tampoco lo acogieron.
El tema de los rebotes de enfermos, tanto en centros privados como públicos, fue objeto de debate a raíz de la muerte el 21 de marzo del combatiente constitucionalista Claudio Caamaño Grullón, a consecuencias de traumatismos múltiples, provocados tras sufrir un accidente de tránsito. Falleció mientras se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico UCE de la capital.
Su deceso se debió, básicamente, a que no recibió las atenciones requeridas en los centros a donde fue trasladado.
El primero de estos es el Centro Médico Regional Aguasvivas de Baní, que lo recibió luego de sufrir el accidente en Pizarrete, Baní, desde donde fue trasladado al Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), que lo atendió en una ambulancia. También fue transportado a la Clínica Abreu y el Centro Médico UCE, en el que falleció.
Una investigación del Ministerio de Salud concluyó que la atención al paciente se vio afectada porque entre el momento del accidente y su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos, transcurrieron seis horas. En ese sentido, determinó que hubo insuficiencia de los procedimientos diagnósticos necesarios para establecer la condición del paciente y determinar la respuesta de su organismo al traslado. Tampoco se estableció el cuadro clínico o la atención otorgada en una nota de referimiento”.
Al abordar el caso, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, refutó los pretextos usados para rechazar a pacientes que demandan atención de emergencia en clínicas y hospitales, pues están obligadas a ofrecerla por ley.
Para entonces la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), advirtieron que la legislación es clara cuando establece la obligatoriedad de la atención de emergencia a los pacientes en centros de salud públicos y privados.
Como forma de erradicar definitivamente los denominados “rebotes” de pacientes críticos, el Ministerio de Salud remitió a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la recomendación hecha por la Comisión Técnica que investigó el caso Claudio Caamaño, para que en los casos de afiliados al Sistema de la Seguridad Social, para todas las modalidades y regímenes de aseguramiento, se establezca que la atención no espere la autorización de un seguro de salud, porque tal comportamiento podría afectar la evolución del paciente y poner en peligro su vida, como fue el caso.
Claudio Caamaño Vélez, hijo del fallecido, criticó el carácter mercantilista del servicio de salud en República Dominicana y explicó que si su padre hubiera sido atendido a tiempo no muere.
Dijo que duró unos 40 minutos en el parqueo de Cedimat y que los médicos solo se ocuparon de tomarle la presión arterial. Luego desde ahí partieron a la Clínica Abreu, donde tampoco encontraron un cirujano torácico para controlar la lesión que lo afectaba.
Expuso que casi una hora después de estar movilizándolo por distinto centros de salud encontraron un médico que se puso a disposición para atenderlo en el Centro Médico UCE, donde murió.
Finalmente señaló que esto debe servir de ejemplo para que la población reclame un servicio de salud eficiente.
Concluimos estas líneas con Ramón Padilla, cuyo caso exponemos al inicio de estas líneas; por quien sus allegados llaman la atención de las autoridades de Salud Pública, para que vayan en su auxilio, ya que padece diabetes y tiene el muslo derecho hasta el pene gangrenado.
