Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil decidirá hoy si admite o no un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de cometer un presunto delito de responsabilidad.
La votación está prevista para comenzar a las 17:00 (hora local), después que el relator Jovair Arantes, favorable al impeachment, rebata los argumentos contrarios a su parecer; los 27 líderes de los partidos políticos representados en el legislativo comenten el relatorio y la defensa de la mandataria formule sus consideraciones finales.
El debate sobre la admisibilidad del proceso de destitución comenzó el viernes último en la tarde y se prolongó más de 13 horas, hasta pasadas las cuatro de la madrugada del sábado, cuando solo permanecían en el recinto poco más de 20 de los 130 legisladores (65 titulares y otros tantos suplentes) que integran la comisión.
Según la apreciación del diario digital Brasil 247, en la extenuante sesión no hubo interés por discutir los elementos jurídicos del pedido de juicio político, pues los parlamentarios favorables al impeachment emplearon la mayor parte del tiempo en referirse a temas que no forman parte del proceso.
Sobraron los adjetivos fuertes, pero faltó el análisis sobre si se configura o no el delito de responsabilidad en las llamadas pedaladas fiscales y la firma de decretos que modificaron algunos presupuestos sin la aprobación del Congreso, acotó la publicación.
En ese sentido, y de acuerdo con la Agencia Brasil, el diputado Alessandro Molon, del partido Red de Sostenibilidad, advirtió que la aprobación de un juicio político contra la Presidenta por lo que varios oradores definieron como «el conjunto de la obra» no está previsto en la Constitución.
Quien juzga el conjunto de obra -dijo- es el elector. Si se trata de crimen de responsabilidad, entonces es necesario verificar si los elementos penales están presentes.
De los más de 100 legisladores inscritos para participar en la discusión del parecer de Arantes, en la jornada de viernes-sábado intervinieron 61, la mayoría de ellos (39) para respaldar el procedimiento de destitución de Rousseff.
Si, como muchos aquí anticipan, la comisión admite el pedido de impeachment, entonces corresponderá al plenario de la Cámara de Diputados analizar, a partir del día 14, la continuidad del juicio político y votarlo probablemente el domingo 17.
Para que el proceso continúe, la solicitud deberá tener el respaldo de 342 legisladores, en cuyo caso pasará al Senado, el cual -por decisión del Supremo Tribunal Federal- dirá la última palabra.
En opinión del ministro-jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Ricardo Berzoini, el procedimiento destituyente será derrotado cuando se vote en el plenario de la Cámara de Diputados.
En el escenario más pesimista tenemos los votos para frenar el impeachment, y en el más realista podremos ganar con un margen confortable, dijo.
Al presentar los alegatos de la defensa ante la comisión especial, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, pidió archivar el proceso y rechazó la denuncia contra Rousseff, la cual -evaluó- está permeada de errores conceptuales básicos.
Cardozo precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.
Cualquier tentativa de juicio político que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado, afirmó.
