Egipto ha lanzado una nueva ofensiva contra los grupos de derechos humanos, interrogando a sus empleados y ordenando congelar sus activos al acusarles de haberse financiado en el exterior para desestabilizar el país tras el levantamiento que en 2011 acabó con 30 años de gobierno de Hosni Mubarak.
Activistas de derechos humanos egipcios dicen que se enfrentan al peor asalto de su historia dentro de una amplia campaña para eliminar las libertades ganadas en los 18 días de revuelta que comenzaron el 25 de enero de 2011.
Algunos dicen que están trabajando desde casa mientras se aprieta el nudo sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) que han enfrentado crecientes críticas desde el estallido de activismo que acompañó las revueltas de la Primavera Árabe que derrocó a autócratas desde Túnez a Yemen.
No está claro cuántos grupos serán investigados en un caso que hasta ahora ha afectado a empleados o gestores de al menos seis de los más conocidos grupos de derechos humanos en Egipto.
Entre estos figuran Hossam Bahgat, fundador de Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, según sus siglas inglesas) y Gamal Eid, fundador de la Red Árabe de Información de Derechos Humanos (ANHRI).
Un magistrado de la investigación ha prohibido viajar al extranjero a estos dos hombres y ordenado congelar sus activos en espera de un fallo judicial previsto para el 20 de abril.
Heba Morayef, director asociado de EIPR, prevé que la congelación de activos se amplíe al grupo en su conjunto, lo que podría provocar el cierre de su oficina.
«Creo que algunos en las agencias de seguridad ven a las organizaciones de derechos humanos como parte de esta conspiración mundial para sembrar el caos y eso es lo que realmente hay detrás de la orden de congelar activos», dijo Morayef a Reuters.
