El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso un año de prisión como medida de coerción a seis de siete militares acusados, alegadamente, de ingresar al país unas 220 armas de fuego con apariencia lícita.
La medida fue dictada por el juez José Gregorio García, a los militares Bienvenido Cordero Batista, general de brigada paracaidista de la Fuerza Aérea Dominicana, director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa; Félix Francisco Pérez Artilles, teniente coronel del Ejército Dominicano, encargado del depósito de las armas del Material Bélico; Esteban Marrero Ruiz, mayor del Ejército Dominicano, enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.
También, a Francisco Mercedes Medrano, capitán del Ejército Dominicano, encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico, José Miguel Torres Rodríguez, 1er teniente de la Policía Nacional, encargado de las armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico, y Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del Ejército Dominicano, propietario de una armería que, supuestamente, se encargaba de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
En cuanto al imputado Edwin Rafael Almonte Camacho, 1er teniente del Ejército Dominicano, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, le fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción, hasta que la corte disponga y le asigne un nuevo juez, debido a la recusación hecha por sus abogados al juez García, considerando previo el conocimiento de la medida, a una solicitud de amparo hecha por el acusado ante el Tribunal Constitucional.
La fiscalía de Santo Domingo, aseguró poseer suficientes elementos de pruebas con las que demostrará en juicio de fondo la responsabilidad penal de los imputados.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 295,304 y 309 del Código Penal Dominicano.
Los imputados Policías deberán permanecer recluidos en la cárcel de Operaciones Especiales, mientras que los guardias, hasta ser llamados a juicio de fondo.
