Minsk.- El canciller belaruso, Vladimir Makei, expresó la aspiración de su país para una pronta derogación total del régimen de sanciones recrudecido por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en el lustro reciente.
Medidas de severas restricciones contra funcionarios y compañías nacionales fueron ampliadas a inicios de 2011, tras la reelección del presidente Alexander Lukashenko, con más de un 80 por ciento de votos en los comicios de 2010.
Afirmó Makei en entrevista al canal Belarús 1 que Minsk avanzó durante el año recién concluido por el camino de la normalización de las relaciones con Estados Unidos y la UE, al tiempo que saludó la decisión del bloqueo de 28 miembros de congelar por cuatro meses la sanciones. Confiamos en que ocurrirá en un lapso breve la total suspensión de esas restricciones contra nuestro país, exteriorizó el canciller al advertir que resultan contraproducentes las presiones y los intentos de competencia.
Para el titular belaruso, el restablecimiento de los nexos supone un diálogo normal sobre bases de igualdad entre todos los sujetos, y «ese siempre ha sido el enfoque de Belarús», puntualizó.
A juicio del jefe de la diplomacia, la congelación de las sanciones, declarada a fines de octubre por Bruselas y Washington, representa un paso intermedio por lo que consideró que los socios occidentales debían avanzar hacia una total derogación de tales medidas.
En otro segmento de la entrevista, Makei ratificó la intención de Minsk de sellar con la UE un nuevo convenio que nos permita -dijo- reconstruir en un futuro las relaciones sobre la base de ese documento, reportó la agencia Belta.
Según el canciller, Belarús desarrolla los vínculos de cooperación a partir de los acuerdos que fueron suscritos entre la extinta Unión Soviética y la Comunidad Económica Europea.
Desde 2011, son sujetos de sanciones 170 funcionarios belarusos, incluido el presidente Alexander Lukashenko, con la prohibición de ingreso al espacio de la UE y a Estados Unidos, además del congelamiento de activos.
Unas ocho compañías fueron sujetas también al régimen punitivo, incluso desde 2006, fundamentalmente del sector energético y petroquímico con el objetivo de asestar daños a la economía belarusa y complicar la situación interna con la idea de un escenario de desestabilización, guión que fue aplicado en otras repúblicas exsoviéticas como Georgia, Ucrania y Kirguistán.
