Los procedimientos de un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff fueron retrasados el lunes, debido a una disputa entre partidarios y opositores que intentan establecer la comisión de la Cámara baja que deberá reportar si la jefa de Estado cometió una infracción procesable.
El mayor aliado de Rousseff, el díscolo Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se dividió sobre su impugnación, lo que resultó en listas separadas de legisladores para ocupar un lugar en la comisión de 65 miembros.
La división fue un duro inicio para Rousseff, quien cuenta con los votos del PMDB para salvar su presidencia de los legisladores de oposición que la acusan de presuntamente haber violado leyes presupuestarias mientras aumentaba los estímulos económicos durante su campaña de reelección el año pasado.
Más temprano el lunes, Rousseff pidió al Congreso que cancele su receso de verano en enero para debatir rápidamente la solicitud de juicio político en su contra, en un intento por cortar de raíz la situación antes de que una creciente crisis económica lance aún más al país en su contra.
La selección de una comisión especial fue pospuesta del lunes al martes, pese a protestas de líderes del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff de que la oposición utilizaba tácticas dilatorias.
«Esto es guerra y la vamos a pelear», aseguró Sibá Machado, un líder del PT en la Cámara de Diputados, quien añadió que el procedimiento de juicio político ya estaba «contaminado».
Los asesores de la mandataria han dicho que cuenta con suficientes votos como para bloquear una impugnación en la Cámara baja, pero que eso podría cambiar a medida que sus opositores alimenten el sentimiento antigubernamental.
Una votación temprana antes de que los brasileños vuelvan de sus vacaciones de enero podría favorecer a Rousseff, dado que la campaña a favor del juicio político podría ganar impulso más adelante debido a que se prevé que la economía empeore a comienzos del próximo año, aumentando el desempleo y la inflación.
