Tras su histórica victoria en las presidenciales de Guatemala, el actor Jimmy Morales heredará un país carcomido por la corrupción en el que cualquier paso en falso puede ser fatal bajo la sombra de la CICIG, la comisión investigadora que llevó a la caída del ex mandatario Otto Pérez Molina.
Recién llegado a la política y sin un plan de gobierno claro, Morales asumirá el poder en enero ante una ciudadanía que lo eligió como el menor de los males tras los escándalos destapados por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU.
«Guatemala, el mundo nos mira. Debemos aprovechar este momento para relanzar nuestra verdadera imagen, lo que verdaderamente somos. Un país de gente honesta», dijo el actor de 46 años tras su aplastante victoria ante la ex primera dama Sandra Torres, aupado por el voto de castigo contra los políticos.
Pero la cruda realidad es que tendrá que lidiar con una administración permeada por el crimen y con una población al límite de su paciencia, cuyas manifestaciones fueron clave en la caída del ex mandatario y su vicepresidenta, acusados de ser los jefes de una mafia aduanera conocida como La Línea.
«La gente no va a aguantar los ejercicios de ensayo error. Un mal diagnóstico del país o en la elección de sus colaboradores pondría a operar el voto arrepentido, un itinerario seguro hacia la ingobernabilidad», dijo Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales (Ipnusac).
Liderada por el ex magistrado colombiano Iván Velásquez y con el apoyo de Estados Unidos, la CICIG sacudió como nunca antes el tablero político del país centroamericano, abriendo también casos contra jueces, diputados, candidatos y empresarios en un país acostumbrado a la impunidad.
Consciente de que no tiene margen de error, Morales tomará hasta diciembre para seleccionar de entre una lista de «cientos de hombres notables» el grupo que integrará su Gobierno y los altos puestos del Estado, con los que tendrá que aprender rápido a manejarse en los arcanos de la «res pública».
«Yo me la vi de a palitos (difícil) cuando comencé mi gobierno», reconoció el ex mandatario Álvaro Colom (2008-2012) sobre la complicada curva de aprendizaje en la presidencia.
«No siempre salen los ministros como uno espera. Confías en una persona porque la conoces, pero una cosa es estar en un partido y otra estar gobernando», agregó.
EL ENEMIGO EN CASA
Declarado «nacionalista cristiano», Morales se ha rodeado de una heterogénea alianza de militares retirados, profesionales de izquierda y amigos personales donde las caras más visibles son el ex oficial Edgar Ovalle, su jefe en el Congreso, y el ex rector progresista Jafeth Cabrera, designado vicepresidente.
«La primera dificultad es que tus colaboradores te respondan a ti y no a agendas de grupos particulares, corporaciones o cofradías de poder», apuntó Gutiérrez, quien fue canciller entre 2002 y 2004. «Él no tiene cuadros con los que gobernar. El enemigo va a estar en casa y él lo va a invitar», agregó.
La misma situación va a enfrentar en el desprestigiado Congreso. Morales, quien contará con solo 11 de los 158 diputados repartidos entre una docena de partidos, estará forzado a negociar con la misma élite política de la que trató de distanciarse en campaña repitiendo como un mantra «ni corrupto, ni ladrón».
«Va a ser sumamente difícil por la falta de experiencia de su bancada para negociar. Necesita buenos operadores y sentarse con todos los partidos para llegar a acuerdos», dijo Luis José Fernández, ex diputado jefe del Partido Patriota.
En campaña, el licenciado en administración y estudiante de teología, se comprometió a apoyar a la CICIG durante sus cuatro años de Gobierno y a permitir cualquier investigación. «Ni el presidente ni el vicepresidente están exentos de esto», dijo a periodistas tras su victoria.
La situación en la que se encuentra Morales es tan inusual que su malogrado predecesor le envió un aviso desde el penal militar donde está a la espera de juicio, denunciando que el ente es un instrumento de injerencia Estados Unidos.
«Es una institución que pasa por encima de todo, que no le rinde cuentas a nadie y que puede hacer lo que le da la gana», dijo Pérez Molina, general en retiro, en una entrevista con Reuters en prisión. «Este no es el fortalecimiento de la justicia que nosotros estamos buscando en el país», aseguró.
En teoría, el presidente tiene la atribución para eliminar el ente en cualquier momento. Pero tras sus sonados éxitos, la CICIG se convirtió este año en la institución más confiable para los guatemaltecos, según sondeos, y hasta los ciudadanos más escépticos han acabado rindiéndose a su efectividad.
«Yo al principio no estaba muy de acuerdo. Es una vergüenza que una entidad internacional venga a tu país a enseñar a hacer justicia», dijo Miriam Bourda, agente de viajes de 55 años. «Pero teníamos necesidad de eso. Gracias a Dios que la tenemos», agregó.
