La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizará el estudio “Mejor prestación de servicios para el Crecimiento Inclusivo en la República Dominicana», con el objetivo de ayudar al país en la evaluación y la consolidación de sus políticas públicas y programas para el gobierno electrónico y la simplificación administrativa como herramientas para la prestación de mejores servicios a la ciudadanía.
El acuerdo, rubricado por el titular del MAP, licenciado Ramón Ventura Camejo, y de la OCDE, Anthony J. Rottier, director Ejecutivo, y Rolf Alter, director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, se centrará en el uso del gobierno electrónico como herramienta impulsora para simplificar las interacciones administrativas entre los ciudadanos y los poderes públicos, ampliando así el acceso y la prestación de servicios públicos.
Ventura Camejo, al referirse al estudio, destacó la importancia de la realización de esta evaluación por parte de la OCDE, porque constituye un aporte fundamental para poder perfeccionar la gestión pública en el país, con los esfuerzos centrados en brindar mejores servicios a los ciudadanos.
“Las recomendaciones que emanen de este estudio de la OCDE también contribuirán a hacer más efectivo el gobierno electrónico y a garantizar que las políticas de simplificación administrativa posibiliten que el crecimiento económico del país sea aún más inclusivo en beneficio de nuestra población, un objetivo del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina”, subrayó.
En este sentido, en la fundamentación del estudio que realizarán los expertos de la OCDE, se afirma: “A pesar de que la simplificación administrativa y gobierno digital pueden facilitar la prestación de servicios de forma conjunta, la experiencia en una serie de países de la OCDE muestra que estas áreas son a menudo percibidos como independientes y organizados en unidades organizativas distintas”.
Al respecto, también plantea que “el efecto combinado de mejora de la legislación a través de la simplificación administrativa y gobierno digital debe proporcionar servicios a los ciudadanos, las empresas, y dentro del mismo gobierno, que sean más incluyente, sensible y de mayor calidad. Estas acciones conjuntas pueden llevar a un mejor acceso a los servicios públicos, reducir las desigualdades y promover la equidad de la calidad de vida”.
El estudio se basará en la evaluación, entre otros aspectos, de las políticas actuales y estrategias, marco legal y regulatorio, las capacidades y los recursos institucionales y herramientas de rendimiento para llevar a cabo la simplificación administrativa y la prestación de servicios digitales.
También se tomará en cuenta el potencial para la reducción de cargas administrativas y la simplificación de la prestación de servicios a los ciudadanos habilitados por la simplificación administrativa y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Otro aspecto a considerar son los portales de gobierno en línea, las ventanillas únicas electrónicas y canales móviles, así como la alineación de los servicios, los procesos y los sistemas de gestión de intercambio de datos y de información.
Además será importante evaluar la participación de los principales actores en las políticas públicas y la adaptación a las necesidades de los usuarios de los servicios públicos, sin olvidar la transformación y la capacidad de desafíos culturales dentro del sector público para apoyar los avances en la simplificación administrativa y la prestación de servicios en línea.
Al final, el estudio debe presentar un conjunto de recomendaciones a corto plazo y también a mediano y largo plazo sobre la forma de fortalecer y mejorar las políticas, estructura institucional y la aplicación de la simplificación y estrategias de gobierno digital.
Para la realización del estudio, los expertos de la OCDE llevarán a cabo encuestas y entrevistas con funcionarios y partes interesadas a diferentes niveles jerárquicos, con el objetivo de obtener una visión de primera mano de las preocupaciones políticas, retos y oportunidades relevantes para la revisión en el contexto de la República Dominicana.
Este sería el segundo estudio que realiza la OCDE en el país a pedido del gobierno dominicano. Anteriormente, en abril del 2014 fue presentada una investigación llevada a cabo también por los expertos de la OCDE, sobre el tema de los recursos humanos en la Administración Pública en RD.
Aquel informe, entre sus recomendaciones, planteaba hacer una planificación de la fuerza laboral pública y el control de su crecimiento y sus costos, para lo cual precisa que es necesario tener la información precisa sobre la cantidad, estructura, distribución del empleo público y masa salarial.
Según el reporte presentado en 2014, uno de los instrumentos que más podía ayudar en ese proceso era el desarrollo del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Entre sus estados miembros se encuentran Australia, Austria, Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.
Además, la OCDE colabora con más de 100 naciones en diversos ámbitos.
La República Dominicana se adhirió a la Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo que propugna la OCDE, entre cuyos principales postulados en el tema de la administración pública se encuentra el que “un gobierno eficiente contribuye a fortalecer la democracia y los derechos humanos, promueve la prosperidad económica y la cohesión social; reduce la pobreza; estimula la protección ambiental y el buen uso de los recursos naturales”.
