El Congreso de Brasil ratificó este miércoles en la madrugada dos vetos presidenciales clave para evitar un salto en el gasto público, en una rara victoria para un Gobierno asediado que lucha por equilibrar sus cuentas fiscales y recuperar la confianza de los inversores.
La mayoría de los legisladores decidieron mantener el veto de la presidenta Dilma Rousseff a un proyecto de ley que buscaba eliminar los impuestos de la seguridad social a las compras de combustible diésel.
El proyecto de ley habría costado al Gobierno 64.600 millones de reales (15.950 millones de dólares) en ingresos perdidos hasta el 2019, según datos oficiales.
Los legisladores también mantuvieron el veto a un proyecto de ley para permitir que los trabajadores se jubilen anticipadamente con los beneficios de pensión completa.
La fórmula propuesta para calcular la edad de jubilación de los trabajadores habría elevado el gasto público en 1,1 billones de reales adicionales hasta el 2050, mostraron datos del Gobierno.
El Congreso siguió votando sobre otros tres vetos a proyectos de ley que amenazan con elevar el gasto público en los próximos años, como un aumento salarial considerable para los empleados judiciales.
La incertidumbre sobre los vetos arrastró el martes el real brasileño a su nivel más bajo a la fecha, cotizando por encima de 4 unidades contra el dólar estadounidense.
El real ha perdido casi el 35 por ciento de su valor frente al dólar en lo que va de este año debido a un agravamiento de las crisis económicas y políticas que afectan al país sudamericano.
