Senadores piden conocer proyecto de Extinción de Dominio

Legisladores pidieron este martes al Senado de la República desplegar esfuerzos efectivos y urgentes para que se apruebe el proyecto sobre Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, que pide el Procurador General de la República, a fin de lograr las incautaciones procedentes de actividades ilícitas.
 
Charles Mariotti, representante por Monte Plata, consideró que aquellas personas que han infringido la ley y obtenido recursos de manera ilícita, no deben volver a sus manos, sino que deben ser incautados por el Estado, ya que cumplieron penas o fueron extraditadas por estar involucradas en el narcotráfico, corrupción y lavado de activos.
 
Dijo que en el país y en la sociedad, hay mucha indignación, ante el incremento de las pérdidas de valores con la búsqueda del dinero fácil a través del narcotráfico, trata de blanca, lavado de activos, corrupción administrativa, así como del abuso y dispendio del erario público.
 
“Tenemos que ver en qué medida ponemos frenos a las ganancias de dinero fruto de acciones criminales”, apuntó Mariotti.
 
Solicitó que se hace urgente que se asuma con responsabilidad, medidas para emitir una legislación apropiada, donde los bienes y dinero procedente de actividades ilícitas, “sean objeto de decomisos, cuando el individuo cumpla una sentencia por estar involucrados en actos ligados al narcotráficos, corrupción administrativa o por lavado de activos”.
 
Enfatizó que muchos servidores públicos o narcotraficantes van a las cárceles o piden su extradición a Estados Unidos, con una sonrisa, “pues al cabo de cuatro a cinco años de cumplir una pena, retornan a disfrutar de miles de millones de pesos en efectivos, porque el efectivo no es tocado en los acuerdos con la justicia del país o del extranjero, encuentran casas, yates, aeronaves, y otros bienes e inmuebles”.
 
El senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, dijo que “no hay problemas en reintroducir nuevamente el proyecto que perimió, a pesar de haber sido consensuado por los congresistas. “Como miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, prometo reintroducirlo al pleno lo más pronto posible”.
 
En tanto, Arístides Victoria Yeb, de María Trinidad Sánchez, expuso que “tenemos dos opciones, aprobar esa ley o suspender de manera momentánea las extradiciones porque eso nos está trayendo serias distorsiones, pues narcotraficantes que van a Estados Unidos, donde permanecen en cárceles norteamericanas y luego llegan aquí a reclamar sus bienes con todos sus derechos”.
 
Abogó por un gran consenso entre la Procuraduría de la República, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso Nacional para aprobar esa ley.
 
En tanto, el senador Prim Pujals Nolasco, de Samaná, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estimó que además de aprobarse la ley, se debe modificar el tratado de extradición, para crear nuevas disposiciones legales que impidan que los narcotraficantes luego de cumplir condenas se queden con bienes mal habidos”.
 
Por su lado, Tommy Galán, de San Cristóbal, sostuvo que hay voluntad política para sancionar el proyecto de Dominio de Extinción, y anotó que la legislatura apenas comienza y que en su momento esa normativa será aprobada en la Cámara Alta.
 
Objetivo
 
La iniciativa fue depositada en el Senado el 11 de marzo del 2014 por sus proponentes, Julio César Valentín, Adriano Sánchez Roa, y Charles Mariotti, y la misma consta de 14 considerando y 81 artículos.
 
La misma pretende asestar un duro golpe a las organizaciones criminales, evitar que los delincuentes se lucren del delito y hacerles llegar un claro mensaje de que el viejo adagio del que “el crimen no paga” que se encuentra de moda, es cosa del pasado, con el decomiso civil de los bienes ilícitos.
 
Los bienes sujetos a decomiso civil de bienes ilícitos son los adquiridos por una persona física o jurídica como resultado de un incremento patrimonial injustificado, o los bienes relacionados directa indirectamente con una persona sometida a una acción de extinción de dominio, en virtud de cualquier hecho ilícito.
 
Además, aquellos que se consideren como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal.
 
En el caso de los bienes o negocios que correspondan al objeto del delito, se entenderá que son aquellos que no pertenezcan a la víctima o al agraviado o que se le deban restituir.
 
Expone que aquellos bienes cuyo dueño haya tenido conocimiento de su utilización en el hecho ilícito y no lo haya notificado a la autoridad o no haya hecho algo para impedirlo razonablemente.
 
También serán decomisados cuando se haya declarado el archivo o se haya pronunciado la rebeldía, la extinción o suspensión de la acción penal, o se haya aplicado un criterio de oportunidad; no se pueda identificar al imputado.
 
En el caso que el imputado, condenado o procesado, en caso de fuga, haya evadido la persecución penal o la ejecución total o parcial de la pena.   Aquellos bienes existentes en el territorio nacional relacionados con personas contra las cuales se ha pronunciado condena penal en el extranjero por narcotráfico, lavado de dinero, fraudes contra el Estado o delincuencia organizada.
 
El proyecto permitirá asegurar la efectiva, posible y oportuna recuperación de los mencionados bienes ilícitos, sin desmedro de los derechos y garantías reconocidas a favor de los ciudadanos por la Constitución.
 
Iniciativas aprobadas
 
Por otro lado, los senadores aprobaron este miércoles en segunda lectura el proyecto que dispone realizar auditorías técnicas a las obras de infraestructuras públicas.
 
El pleno de la Cámara Alta también acogió positivamente en primera lectura el proyecto que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia las Mujeres, iniciativa de la autoría del representante por la provincia de San Juan, Félix Bautista.
 
Además, los senadores aprobaron una resolución que solicita a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), rediseñar la ruta de línea de transmisión de 138 kilovatios Nagua-Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, del legislador Arístides Victoria Yeb.

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