Lima.- El presidente peruano, Ollanta Humala, afirmó que proteger a la población es el objetivo del estado de emergencia decretado en la provincia de Islay.
La acción responde a una protesta contra un proyecto minero, que cumplió dos meses con un saldo de cuatro muertos.
Al mismo tiempo, una necropsia confirmó que la cuarta víctima, un poblador de 55 años, murió ayer por un balazo en el pecho y no por el impacto de una piedra en la cabeza, como sostuvo el ministro del Interior, José Luis Pérez.
Humala señaló que la medida, bajo la cual la policía puede hacer detenciones y allanamientos a discreción y están prohibidas las reuniones y manifestaciones y en receso el libre tránsito, busca restablecer el orden, proteger a la población y normalizar las actividades en Islay.
Añadió que la decisión, vigente desde hoy, logró restablecer la calma en las primeras horas de su vigencia y dejó abierta la posibilidad de levantarla antes de los 60 días para los que fue dictada si la situación de consolida antes.
Según el mandatario el gobierno hizo todos los esfuerzos para evitar el estado de emergencia, pero tuvo que aplicarlo ante la violencia que atribuyó a elementos violentistas, entre ellos expresos por terrorismo que, según dijo, desinforman y estigmatizan el proyecto cuprífero Tía María, de la transnacional Southern.
Entretanto, la gobernadora de la región de Arequipa, Yamila Osorio, dijo que dialogará sobre el proyecto con los alcaldes de Islay, aunque los que se oponen -por considerar que la contaminación minera puede dañar la agricultura- tienen problemas judiciales por acciones realizadas durante anteriores protestas.
Tanto Osorio, que plantea revisar el estudio de impacto ambiental para despejar preocupaciones de los pobladores, como el gobierno, descartan a los dirigentes de la huelga para las conversaciones, porque el principal está preso y acusado de extorsión a la empresa Southern y otros dos son investigados por el mismo cargo.
La gobernadora dijo que mantiene una posición de firme defensa del agro y reiteró su propuesta de una comisión técnica al servicio de los pobladores del valle del Tambo que revise el impacto ambiental del proyecto, aprobado por el gobierno y que rechazan los huelguistas.
