El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), avanza en el proceso de reconocimiento de organizaciones políticas y sostuvo que la aprobación de Alianza País, entidad que lleva dos años reclamando su permiso, es igual a otros grupos.
La entidad manifestó que a pesar de las dificultades financieras están trabajando para esos fines, y que no existe una situación especial o exclusiva ante ninguna de las solicitudes que se procesan.
Ante la larga espera de Alianza País, pese a haber depositado las documentaciones requeridas, su presidente Guillermo Moreno ha reclamado equidad en el procedimiento. Mientras que la JCE ha calificado sus quejas de extemporáneas, infundadas e injustas.
Moreno ha manifestado la existencia de una falta de equidad en el procedimiento de legalización de los partidos políticos que han cumplido los requisitos establecido por ley.
Entre tanto, la JCE explicó que conoce las solicitudes de nueve partidos políticos en formación, entre los que se encuentra Alianza País, en lo que se avanza, a pesar de que el plazo de petición de reconocimiento electoral vence el próximo mes de septiembre, a partir del cual se iniciaría el plazo de estudio e investigación de los solicitantes para su aceptación o rechazo.
“Es importante destacar que nunca, en toda la historia de la Junta Central Electoral, ninguna gestión, a excepción de la actual, ha iniciado inspección a la solicitud de reconocimiento con anterioridad al mes de septiembre del año preelectoral, por lo que los alegatos de discriminación y retraso resultan extemporáneos, infundados e injustos”, indicó la JCE en un comunicado.
Los miembros de la JCE llaman a Alianza País a “informar al país que en el año 2014 fue iniciado el trabajo de inspección documental, y que todavía en el mes de marzo del presente año, se estuvo trabajando en las correcciones de varios aspectos, propios de la documentación de su solicitud de reconocimiento”.
Recordó que actualmente tiene compromisos con plazos próximos a vencerse, como la auditoria de los libros del Registro Civil y el Plan de Regularización, obligaciones que tienen ocupado a gran parte de su personal, y que a pesar de ello trabaja en el proceso de reconocimiento dentro del tiempo del cronograma electoral.
