Las autoridades del ministerio Público inspeccionaron en un operativo más de 200 bancas en los diferentes municipios de esta provincia y procedieron al cierre temporal de 22 de estos establecimientos, hasta que regularicen su estatus en dicho ministerio.
Junto a miembros de la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y de la Policía Nacional, el magistrado John Henry Reynoso, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), encabezó el operativo junto al fiscal titular de esa jurisdicción, Eusebio Corcino Alcántara.
Reynoso sostuvo que durante la pesquisa fueron incautados varios aparatos de verifone y computadoras y detalló que antes se elaboró un mapa con la ubicación de las diferentes bancas, lo que permitió su rápida localización.
Explicó también que los aparatos y objetos fueron requisadas para verificar si cumplían con los requisitos de ley.
Reynoso advirtió que los operativos serán extendidos a todo el territorio nacional y que serán drásticos con los establecimientos que no cumplan con la ley.
El representante del Ministerio Público recomendó a los propietarios de bancas que acudan al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a cumplir con los registros correspondientes tal y como lo establece la ley que regula ese tipo de establecimiento.
Los allanamientos estuvieron a cargo de 12 equipos distribuidos en toda la provincia, y en las labores participó el cuerpo de investigación de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los fiscales del Departamento Judicial de Azua y 15 inspectores del ministerio de Hacienda.
La ley establece que las bancas de lotería debidamente autorizadas deben registrar sus operaciones en la DGII y que las mismas estarán sujetas al cumplimiento de los deberes formales que prevé el Código Tributario en lo referente al pago del impuesto sobre la renta y los demás tributos.
