La Comisión de Hacienda del Senado estudiará la viabilidad de un préstamo por US$656 millones, sometido por el Poder Ejecutivo para la construcción de la Central Termoeléctrica, en Punta Catalina, con dos unidades de generación a carbón mineral.
La iniciativa fue firmada entre la República Dominicana y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), junto a la Constructora Norberto Odebrech, y lo ejecutará la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).
Acuerdos bilaterales
En la sesión de este miércoles los senadores enviaron a comisión dos acuerdos de cooperación técnica entre los gobiernos dominicano y la mancomunidad de las Bahamas», suscrito en la ciudad de Nassau, Bahamas, el 24 de julio de 2014.
El objetivo del acuerdo es para preservar la soberanía de sus aguas y proteger los recursos naturales. Las partes expresan sus deseos de adherirse a las convenciones internacionales para prevenir, detener y eliminar la pesca no regulada, y no reportada, conscientes de que esta medida proveerá una herramienta para conservar las especies marinas en la región.
Otro convenio suscrito es sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente del mar del 07 de julio de 1978, y los anexos y enmiendas al anexo de 1995, sometido por el Poder Ejecutivo.
Tiene por objetivo acrecentar la seguridad de la vida humana y de los bienes del mar y la protección del medio marino, con el establecimiento de común acuerdo, de normas internacionales de formación, titulación y guardia para la gente del mar, sobre los principios de igualdad, soberanía, respeto mutuo y reciprocidad, con sujeción a sus ordenamientos jurídicos internos, sus obligaciones internacionales y a lo previsto en el convenio de referencia.
Entre las condiciones especiales previas que deberán ser cumplidas para que se pueda realizar el primer y único tramo de desembolso, figura la modificación de la Ley 87-01 para definir el tratamiento de los regímenes de financiamiento no implementados.
También otro requisito previo es otorgar facultad a la Tesorería de la Seguridad Social para sancionar la evasión y elusión de las cotizaciones; adicionar responsabilidades a la DIDA para medir la calidad y oportunidad en la entrega de prestaciones y determinar la indexación de pensiones, así como ser promulgado un reglamento de procedimientos para otorgar pensiones solidarias.
Además, deberá iniciarse la descentralización administrativa del Ministerio de Salud Pública, el nuevo modelo de atención del Sistema Nacional de Salud se deberá oficializar y la ley de Carrera Sanitaria debe entrar en vigencia, y deberá licitarse una consultoría internacional para revisar y actualizar el Catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
