La manifiesta intención del primer ministro de facto de Tailandia, general Prayut Chen-Ocha, de investirse de poderes absolutos, acrecienta hoy aquí preocupaciones y críticas ante lo que se considera peor aún que la ley marcial vigente.
El comisionado nacional de derechos humanos, Niran Pitakwatchara, aprecia que la inminente eliminación de esta impopular medida por la junta militar gobernante persigue su reemplazo por el artículo 44 del Estatuto provisional decretado después del golpe de estado de mayo pasado.
Advierte al gobernante de caer en la trampa de acumular mucha más autoridad y convertirse en blanco de incrementadas críticas, ya que le otorga la atribución de determinar por cuenta propia lo que amenace la seguridad y la economía sin contar para nada con cuerpos legislativo, ejecutivo y fuerzas armadas.
En su opinión la situación actual ni requiere de ley marcial ni del artículo 44, y en su lugar se puede recurrir al Acto de Seguridad Interna en circunstancias eventuales.
De otro lado el secretario general del Partido Peu Tais, Poomtham Vechchayachai, censuró que una sola persona abarque tanto poder, al igual que en un tiempo pasado hizo el dictador Sarit Thanarat, lo que a su juicio muchos países no entenderán.
El director del Instituto de Reforma de Tailandia, Suriyasai Katasila, cree que invocando el artículo 44 se podría aplacar la presión externa sobre el régimen, pero en modo alguno reducirá el descontento interno ante tanto mando unipersonal.
