Bogotá.-Transcurridos tres meses de la tregua bélica decretada por las FARC-EP, defensores de derechos humanos y otras personalidades del escenario político colombiano demandan actuaciones recíprocas del Gobierno para avanzar hacia el fin del conflicto armado.
Exigimos al Ejecutivo verdaderos gestos de paz, afirmó la abogada Piedad Córdoba, tras anunciar que la marcha convocada para el venidero 9 de abril en cinco ciudades del país pedirá el cese el fuego bilateral a fin de minimizar la victimización de la población civil y contribuir a la reducción de los enfrentamientos.
Los promotores esperan la participación de más de un millón de personas, quienes respaldarán los diálogos a favor de la distensión y reclamarán el silenciamiento de todas las armas, adelantó la excongresista.
Observadores nacionales como el Frente Amplio por la Paz y la Defensoría de Pueblo certificaron el cumplimiento de la pausa anunciada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP) desde finales de diciembre.
No obstante las peticiones de líderes sociales, activistas y ciudadanos de a pie, el presidente Juan Manuel Santos ha descartado de momento secundar la iniciativa con una suspensión de los despliegues ofensivos del ejército contra los campamentos de las FARC-EP.
Tal disposición está condicionada a acuerdos derivados de la mesa de conversaciones entre ambas partes beligerantes, que tiene como sede permanente a la capital cubana desde 2012.
En reiterados comunicados el movimiento insurgente denunció la continuidad de acciones militares contra sus tropas, las cuales pueden poner en peligro la tregua combativa decretada por la comandancia de esa fuerza, por tiempo indefinido.
Adelantar operativos contra las guerrillas en todo el país es una clara maniobra que nos obligará a responder las agresiones, para ser luego culpados de violar el cese el fuego unilateral, advirtió las FARC-EP en uno de sus últimos pronunciamientos.
Al excluir al Ejército de Liberación Nacional (ELN) -otro de los grupos involucrados en la confrontación interna-, de la orden de no bombardeao, queda abierta la posibilidad de hacerlo contra nosotros, en la medida en que actuamos como organizaciones hermanas, la trampa está armada, añadió la declaración.
En tanto las poblaciones castigadas por la guerra, localizadas principalmente en las zonas rurales, piden una reducción de la conflagración.
Unos cinco millones de colombianos resultaron desplazados de sus lugares de origen debido a la violencia.
El desminado del territorio nacional constituye otro de los pasos para disminuir la intensidad del conflicto, prolongado durante más de 50 años.
Equipos del Gobierno y las FARC-EP perfilan actualmente la hoja de ruta para iniciar ese proyecto en coordinación con una organización noruega, el cual abarcará inicialmente a unos 100 municipios.
Además de la eliminación de las minas, las dos delegaciones pactaron erradicar explosivos improvisados y municiones sin detonar.
Las conversaciones en La Habana transitan ahora por temas cruciales: reparación a las víctimas y fin de la confrontación, que incluye los puntos de dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los guerrilleros.
Podemos avanzar mucho en las pláticas en Cuba, pero si los colombianos no perciben una reducción de la guerra a lo interno del país, la paz seguirá siendo una quimera, opinan políticos y analistas.
Con unos disparando y los otros defendiéndose, se deteriora el ambiente de la paz, soy partidaria del cese bilateral de hostilidades ya, declaró la excandidata presidencial Clara López.
