Buenos Aires.-La Cámara Federal deberá pronunciarse ahora sobre la denuncia que hiciera el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta y su Canciller, y que defienden su colegas Gerardo Pollicita y German Moldes.
Ese último fiscal, cuestionado por los familiares de las víctimas del atentado en 1994 a la asociación judía AMIA por su participación en esa causa, solicitó a ese fuero legal que se abra la investigación contra el Ejecutivo, desestimada el juez Daniel Rafecas por inexistencia de pruebas.
Como se esperaba, Moldes, uno de los cuatro fiscales que asumió públicamente la convocatoria a la marcha antigubernamental del 18 de febrero, defendió la apelación que presentó Pollicita al fallo de Rafecas.
Nisman, quien investigó durante 10 años la voladura de la AMIA, sin aportar nada nuevo a la causa acusó a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de encubrir a Irán a cambio de petróleo, pero la insólita incriminación fue rechazada por falta de evidencias y no haber delito.
La Sala I de la Cámara Federal tenía programado la víspera una reunión de sus tres magistrados, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, para deliberar sobre el caso luego de la recomendación hecha por Moldes, pero no hubo decisión.
Ballestero, Freiler y Farah deberán resolver en los próximos días si aceptan la apelación del fiscal Pollicita o mantienen la desestimación que hizo el juez Rafecas.
Muy probablemente no haya dictamen hasta después del miércoles próximo pues el país entra en un feriado largo hasta el martes.
Rafecas fundamentó su fallo en dos pilares, uno que no se cometió delito alguno de encubrimiento pues el Memorando con Irán, que para Nisman fue concebido para dar impunidad a los sospechosos, para Rafecas ni siquiera entró en vigencia.
Ese acuerdo lo impulsó el Ejecutivo argentino para que los inculpados en el atentado fueran interrogados por una comisión internacional que incluía al juez argentino del caso, Rodolfo Canicoba, y al propio Nisman, pero este fue el primero en negarse a esa posibilidad.
Rafecas consideró que si el acuerdo con Irán hubiera tenido una mínima connotación delictiva, debió ser denunciado por la Unidad Fiscal AMIA hace dos años, cuando se firmó, o cuando recibió respaldo en el Congreso de la Nación, convirtiéndose en ley un mes después.
El otro fundamento de Rafecas descansa en que nunca dejaron de estar en vigor las órdenes de captura de Interpol, las cuales recobraron vigor en 2007 por solicitud de la administración de la presidenta Cristina Fernández.
