La Cámara de Diputados designó este martes una Comisión Especial para que investigue lo relativo al reclamo que vienen haciendo cerca de 3,500 médicos que no aprobaron el examen impartido por el Consejo Nacional de residencias Médicas (CNRM).
La Comisión Especial que aprobó el hemiciclo estará presidida por el diputado Radhamés Camacho e integrada por los voceros de las diferentes bancadas y por la Comisión Permanente de Salud.
La iniciativa fue tomada luego de que Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, acompañado por otros colegas, recibiera en su despacho a una comisión de profesionales de la medicina quienes explicaron la situación que los enfrenta con el CNRM, a raíz de la aplicación del examen nacional a más de tres mil aspirantes a residencias médicas del Ministerio de Salud Pública, de los cuales sólo aprobó el 18%.
Durante la sesión de este martes, Martínez denunció que a estos estudiantes, que a su vez son profesionales ya se les está negando el derecho a revisión de los exámenes aplicados el día primero de marzo pasado.
En ese sentido, el legislador propuso la conformación de una comisión especial funcional para dar seguimiento a este tema, no sólo a la revisión del examen sino al manejo de esos recursos que se cobraron y con ello llegar hasta la solución del problema inmediato y a conocer ese procedimiento que hasta ahora es fantasma.
Durante el uso de turnos, el diputado Juan Quiñones, como médico, mostró su preocupación por este problema y planteó que se modifique la ley que le da potestad al Consejo para desempeñar sus funciones. También sugirió que el examen sea dado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y que ese Consejo esté formado por representantes de las distintas universidades que tienen escuelas de medicina, así como de instituciones relacionada con el tema.
De su lado, Ramón Fernández cuestionó la profesionalidad de esos maestros, al entender que es imposible que a un docente le reprueben ocho de cada 10 estudiantes. “Quienes tienen que revisarse son ellos, los miembros del Consejo; pero además ¿cómo se le cobran unos 13 millones de pesos a esos galenos para examinarles?” se cuestionó el legislador.
José Alberto García, parte de los comisionados presentes hoy en el hemiciclo, reiteró que “nuestra propuesta es revisión, con base bibliográfica actualizada, que se hagan públicas las preguntas y respuestas correctas, por ser un derecho que nos asiste por el libre acceso a la información que consagra la Constitución”.
