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Agua potable, jugoso negocio manejado irresponsablemente

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
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El agua, líquido vital para el consumo humano es un negocio muy rentable donde muy pocos responden por la mala calidad del producto, que en la mayoría de los casos, degenera en enfermedades contagiosas como cólera, diarrea, vómitos, parasitosis y afecciones de la piel.
 
En República Dominicana existen cinco entidades que intervienen en la calidad y el comercialización del agua: El Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad(Digenor), el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor(Pro-Consumidor).
 
Mientras que por la otra parte pulsan la Asociación Dominicana de Embotelladoras de Agua (Adeagua), representantes de las grandes empresas, y la  Asociación de Empresas Procesadoras de Agua a Granel, que agrupa a los medianos y pequeños comerciantes del sector.
 
Entendidos en la materia consideran que, además de constituir un problema de salud pública, existe una “guerra” de intereses entre los actores de una industria que genera más de RD$2,500 millones anualmente.
 
El el otrora ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, ordenó estampar a los camioncitos distribuidores de Agua un letrero que anunciara que esta no estaba apta para el consumo Humano.
 
Sectores ligados a ese gran negocio, para entonces sugirieron al funcionario  otras medidas más rígidas que garantizaran que ningún dominicano se viera tentado a ingerir aguas de fuentes dudosas, en la mayoría de los casos contaminadas.
 
De su lado, Omar de los Santos, presidente de la Asociación de Empresas Procesadoras de Agua a Granel, que  agrupa a más de 16 procesadores, calificó como ´´una mentira´´ la versión que da cuenta sobre la supuesta venta del líquido contaminado a la población, alegando que su venta estaba autorizada por los sistemas sanitarios de los Estados Unidos.
 
De los Santos ha alegado que el agua a granel ha sido un éxito, ya que venden alrededor de 200 mil galones en todos los barrios del país a un costo de RD$20 y que esa misma agua les cuesta a la población RD$45, RD$50 y hasta RD$60 con los “grandes” distribuidores.
 
La Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua, que preside David Toribio mantiene un llamado a la población  a abstenerse de consumir agua a granel vendida en camioncitos y camionetas, por el peligro que representa para la salud.
 
Ese llamado es confirmado con un spot en televisión que presenta a una madre junto a un niño en la cama de un  un hospital lamentándose de haberle dado el agua que enfermó a su hijo, la cual adquirió por un bajo precio.
 
En la imagen se puede apreciar a un joven que antes de vender el agua que carga en un camioncito se arregla la bragueta del pantalón, tras supuestamente haber orinado.
 
De su lado, el  Colegio Médico Dominicano (CMD), exhortó  a la población a hervir o clorar esa agua si va a ser ingerida, para evitar infecciones por bacterias, evitando irse a favor de uno de los sectores envueltos en el negocio del líquido. El gremio recordó que alrededor del  25 a al 30% de la población no tiene acceso al agua potable.
 
Se estima que en República Dominicana, el negocio del agua genera cerca de 10 mil empleos directos,  cifras que de acuerdo a Adeagua,  no incluyen el mercado informal que distribuye este líquido, el cual representa más de la mitad de las compañías que lo comercializan.
 
Se estima que en las más de 500 empresas que distribuyen agua en el país, sólo alrededor de 200 operan con las condiciones legales y sanitarias adecuadas y que el resto trabaja de forma ilegal, artesanal y sin las condiciones de higiene y manufactura que requiere un producto de amplio consumo humano.
 
Normas
Dentro de las características que requiere la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), para que una empresa de agua sea reconocida, está en primer lugar que posean maquinarias automatizadas y adecuadas, así como un laboratorio para el procesamiento de muestras.
 
Las grandes embazadoras de agua consideran que con el único objetivo de recaudar,  las autoridades  sanitarias otorgan permisos dejando  de lado  la aplicación del reglamento para la entrega de un registro sanitario.
 
La posición de los sectores denominados “organizados” en la comercialización del agua suelen actuar de una forma que puede interpretarse como doble moral, debido a que, por una parte se oponen tajantemente a la venta del producto a granel; sin embargo, permiten que cualquier persona lo ofrezca libremente en cualquier semáforo.
 
Estudios demuestran  que la principal fuente de contaminación del agua se produce en la manipulación en el proceso desde que sale de la fábrica hasta su comercialización para el consumo.
 
De acuerdo con principios establecidos por organismos internacionales, como el Codex  Alimentarius, entidad global que fija las normas de manipulación de alimentos, el límite de vida útil del agua embotellada para consumo es de dos años.
 
De estas normas, la principal es la Nordom-64, que establece las características que el agua potable envasada debe cumplir a fin de ser considerada apta para el consumo humano.
 
Sin embargo, la Nordom  64 no establece una fecha límite de vida útil para el agua embotellada dirigida al consumo humano, razón por la cual las embotelladoras del país asignan a sus productos una fecha de caducidad de acuerdo a sus propios estudios y criterios.
 
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), que dirige la periodista y abogada Altagracia Paulino, viene demandando que se establezca fecha de caducidad del agua que consume la población, mediante la norma oficial Nordom-64.
 
Considera que en el capítulo sobre  embotellada, se hace necesario que la Nordom- 64 especifique  el tiempo o la vida útil, tomando en consideración el tipo y tamaño del envase.
 
De igual modo, planteó que seis mil niños mueren cada día de enfermedades que pueden prevenirse mejorando las condiciones de agua y saneamiento, mientras que otras 250 millones de personas sufren enfermedades cada año por las mismas causas.

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