La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dijo que enviará esta semana al Congreso un proyecto para reformar los servicios de inteligencia, después de que funcionarios acusaran a ex espías de estar involucrados en la oscura muerte de un fiscal.
Hace una semana, la muerte de Alberto Nisman conmocionó a los argentinos. El fiscal estaba a cargo de la investigación de un trágico atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, y días antes de su fallecimiento había acusado a Fernández de un complot para encubrir a los iraníes acusados del estallido que dejó 85 muertos en Buenos Aires.
Su trágico final, un día antes de reunirse con diputados para presentar detalles de su denuncia, despertó sospechas y también cuestionamientos al aparato de espionaje estatal que para muchos especialistas opera con demasiada autonomía.
La propuesta de ley, que será enviada antes del fin de semana al parlamento, creará la nueva Agencia Federal de Inteligencia y busca «transparentar definitivamente un sistema que no ha sido de inteligencia (…) y no ha servido a los servicios nacionales», dijo el lunes la presidenta durante una cadena nacional de casi una hora.
«El proyecto presenta la disolución de la Secretaría de Inteligencia, una deuda que tiene la democracia», agregó sobre la propuesta que será discutida en sesiones legislativas extraordinarias a partir de febrero en el Congreso, dominado por el oficialismo.
Nisman fue hallado el domingo 18 de enero en el baño de su departamento con un disparo en la sien y un arma a su lado, justo horas antes de una reunión agendada con diputados para presentar detalles de su denuncia, que también involucra al canciller argentino, dos dirigentes políticos y un legislador.
El fiscal creía que hubo un fallido plan secreto entre Buenos Aires y Teherán para «desincriminar» a varios iraníes -sobre los que pesan alertas rojas de Interpol- a fin de restablecer los lazos diplomáticos y comerciales bilaterales.
Fernández volvió a desestimar el lunes las acusaciones de Nisman en su contra plasmada en 300 páginas que fueron difundidas la semana pasada. Las consideró «absurdas» y volvió a sembrar dudas de que fueran elaboradas por el propio fiscal.
