Japón dijo que todavía estaba intentando asegurar la liberación de dos rehenes japoneses secuestrados por extremistas del Estado Islámico después de que expirara el plazo para el pago del rescate y sin que hubiera noticias sobre su suerte.
 
De acuerdo a un documento al que Reuters tuvo acceso, el Gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe, evaluó si unos cambios legislativos planeados en el país podrían otorgar bases legales para un ataque militar contra miembros del Estado Islámico, pero concluyó que no era el caso
 
La captura de dos ciudadanos japoneses en Siria representa un «acto inaceptable de terrorismo», indicó el documento.
 
Pero concluyó que la situación no cumplía con las condiciones legales para enviar fuerzas japonesas, cuyas actividades en el exterior están restringidas por la Constitución pacifista de la posguerra, incluso bajo los cambios planeados en la actual interpretación de la Carta Magna.
 
En un video online difundido el martes, una persona con una capucha negra y sosteniendo un cuchillo permanecía de pie entre el periodista Kenji Goto y Haruna Yukawa, amenazando con matarlos si Tokio no pagaba al Estado Islámico 200 millones de dólares en 72 horas.
 
Abe ha dicho que salvar las vidas de los hombres es primordial, pero que Japón no se doblegará ante el terrorismo. Funcionarios japoneses han declinado decir si pagarían un rescate, una medida que podría poner a Tokio en desacuerdo con su aliado Estados Unidos.
 
«Pese al hecho de que la situación es grave, seguimos buscando la cooperación de todos los países, líderes tribales y representantes religiosos que puedan tener contactos con el objetivo de asegurar la pronta liberación de los dos japoneses», dijo a Reuters el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga.
 
La madre de Goto pidió su liberación horas antes de que venciera el plazo.