Buenos Aires.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, y su Gobierno son blancos este jueves de una recrudecida campaña por parte de los grupos de poder concentrado de la oposición y los medios que los secundan.
La más reciente acción está dirigida contra la propia jefa de Estado quien fue llamada a indagatoria por el fiscal Alberto Nisman sobre la causa que él mismo alienta contra el Memorando de Entendimiento con Irán.
Ese compromiso, aprobado por el Congreso de la Nación, fue suscrito para avanzar en una de las direcciones que tomó la investigación por el atentado terrorista en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos.
Nisman llegó a imputar a la Presidenta y a miembros de su Gobierno de «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán».
El fiscal, notorio por su postura antigubernamental, pidió la indagatoria de la Presidente y le trabó un embargo de 200 millones de pesos (23 millones 283 mil dólares).
Aníbal Fernández, secretario General de la Presidencia, consideró «una estupidez» y un «manotazo de ahogado» la imputación hecha por Nisman.
Y calificó esa acción de «un sinsentido, típico de alguien que tenía relaciones con otras estructuras».
En diálogo con el canal C5N, Fernández señaló presuntos vínculos que unen al fiscal Nisman con exfuncionarios de la Secretaría de Inteligencia, en particular con el recién removido director Jaime Stiusso, de quien se dice era un espía de la CIA dentro del Gobierno.
Los precandidatos presidenciales por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, usaron sus cuentas en Twitter para defender a la presidenta Cristina Kirchner tras la denuncia que formuló el fiscal Nisman.
«Es inconcebible involucrar a la Presidenta de la Nación en un supuesto encubrimiento cuando fue precisamente este Gobierno quien más hizo por esclarecer los criminales atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, tal como lo ha reconocido la comunidad judía» escribió Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
En esa misma línea, el ministro del Interior y Transporte,
consideró que esa imputación «es un pase de factura de sectores corporativos que perdieron con las últimas decisiones de cambiar la jefatura de la Secretaría de Inteligencia».
Randazzo sostuvo que la denuncia es parte de un «nuevo ataque, vergonzoso e insólito» y afirmó que hay «millones de argentinos dispuestos a defender» a la Presidenta.
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también aspirante presidencial, alertó sobre «una estrategia muy clara y grosera para intentar deslegitimar y derrocar al Gobierno».
Familiares y Amigos de las víctimas de la AMIA también salió en defensa de la Presidenta y uno de sus líderes, Sergio Burstein, la consideró una operación vergonzosa.
