La destrucción de la documentación del hospital Luis Eduardo Aybar representa una acción insólita puesto que viola los términos de la Ley General de Archivos número 481-08, de manera que el caso encierra, en primer término, un problema a todas luces legal.
Una de las voces más autorizada en dicho tema es la del historiador Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación (AGN), quien declaró que la eliminación de los récords médicos de miles de pacientes que fueron atendidos durante décadas en el Morgan contradice la Ley General de Archivos.
Aparentemente, quien dio la orden para botar los récord médicos no se percató o ignoraba que ninguna institución del Estado puede destruir documentos si no cuenta con la aprobación de las instancias establecidas en la mencionada ley que en su artículo 70 dispone sanciones para los casos de deterioro o destrucción de cualquier naturaleza.
Tampoco tomó en cuenta que esos expedientes tienen un indudable valor cultural, histórico, personal y hasta familiar. Las autoridades hospitalarias han querido justificación, de manera desatinada, que se trataban de documentos “muertos”, lo que, de acuerdo a Cassá, es un concepto errado.
Esos documentos tienen valor para los propios interesados, para el país y para el patrimonio nacional, puesto que garantiza la salvaguarda y las condiciones propias de salud de las personas y sus descendientes, como es el hecho que nos ocupa.
