Bogotá.-Tras más de medio siglo de conflicto armado, Colombia termina 2014 entre llamados a la paz de activistas y las partes beligerantes, las cuales buscan poner fin a la confrontación mediante una salida negociada.
En su mensaje navideño el presidente Juan Manuel Santos destacó los avances de las conversaciones en La Habana entre equipos gubernamentales y de las FARC-EP, adicionalmente reiteró su idea de que 2015 será el año de la paz para la nación andina.
Se trata de un ambiente que construimos también en nuestros hogares, entre familiares, con el trabajo honesto y la tolerancia, expresó luego de desear ventura y tranquilidad a los ciudadanos.
Por su parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) enviaron un comunicado a sus coterráneos en el que reconocen la trascendencia de los diálogos en la capital cubana y piden mayor participación de organizaciones y ciudadanos para construir entre todos un futuro de distensión.
Ese movimiento decretó un cese el fuego unilateral e indefinido desde el 20 de diciembre pasado, decisión interpretada por muchos líderes sociales y políticos como expresión de su voluntad para acabar la confrontación, la cual dejó hasta la fecha más de seis millones de víctimas.
En sus dos últimas declaraciones el grupo guerrillero instó al gobierno a secundar la iniciativa luego de señalar que la suspensión bilateral de los enfrentamientos es la mejor fórmula para avanzar hacia el término del período bélico.
Ha llegado el momento, entonces, de silenciar las balas y las bombas para abrir escenarios en los que la única batalla que se libre sea la de las ideas, reza un pronunciamiento divulgado la víspera.
Nadie se puede quedar sentado en la casa, o con los brazos cruzados cuando la reconciliación está tocando con apremio la puerta del corazón de la familia colombiana, manifestó las FARC-EP luego de advertir que no se debe dejar pasar esta oportunidad para intentar un reencuentro entre hermanos.
No obstante el ejecutivo ha descartado hasta la fecha una pausa bilateral en los combates, así como la veeduría internacional del actual proceso de tregua, solicitados por la fuerza guerrillera.
Como es natural hemos afirmado que el cumplimiento del cese el fuego debe ser verificado, entre otras razones porque en las cuatro ocasiones anteriores similares con motivo de las fiestas navideñas y la realización de las elecciones, los enemigos de la reconciliación nacional han salido a descalificar nuestra conducta, acusándonos de faltar a la palabra empeñada, explicaron los integrantes de las FARC-EP.
Sin un acuerdo en esos dos puntos, decisivos para la actual etapa, sólo resta esperar por el desenvolvimiento de los acontecimientos a lo interno del país y por los resultados de las futuras pláticas en la mesa de encuentro de Cuba, previstas para enero venidero.
Somos optimistas acerca de que la cordura y la razón terminarán por imponerse, no hay ninguna ley que pueda alegarse para mantener la irracionalidad del enfrentamiento armado y negar a todos los colombianos el supremo derecho a la paz, enfatizó el grupo insurgente, adicionalmente alertó que el cese el fuego unilateral podría peligrar si sus unidades son atacadas.
Pese a los desacuerdos, analistas opinan que la guerra de más de 50 años es insostenible y que el proceso negociador no tiene marcha atrás.
En medio de enfoques discordantes y discrepancias sobre determinados temas, todos los discursos coinciden en que 2015 será crucial para llevar a la práctica los esfuerzos pacificadores.
Las visiones diferentes sobre los caminos inmediatos a seguir revelan la complejidad del momento poco tiempo después de un impasse en los diálogos, reiniciados formalmente el 10 de diciembre.
En tanto, religiosos, dirigentes de organizaciones sociales, agrupaciones políticas, congresistas, defensores de derechos humanos y pobladores apuestan a las conversaciones para finalmente sentir lo que es un país sin la barbarie guerrerista.
El conflicto ocasionó la muerte a más de 230 mil colombianos, ese registro incluye unos cinco mil casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales de civiles, reportados por el ejército como guerrilleros abatidos en combate.
