El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), previó este lunes un panorama económico “sombrío” por los déficits de las operaciones gubernamentales y su financiamiento, en cuyo sentido estima que la deuda pública ascenderá a RD$189,635 millones durante 2015.
La entidad no partidista expresa este sentir en su Informe 2014, lo que indica pasará pese a que el Banco Central ofrece cifras que reflejan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), las cuales denunció están “muy por encima” de la media latinoamericana y mundial, crecimiento atribuido a la explotación minera, construcción, turismo y un ligero aumento de las remesas.
“Ha habido un desbordado incremento de nóminas y nominillas que obedece a una cada vez más acentuada práctica clientelista en el manejo de las finanzas públicas, que resultan estar destinadas a garantizar un salario a militantes y activistas del partido que detenta el control del Presupuesto Nacional”.
Según PC, la República Dominicana necesita de un sistema de justicia independiente que “persiga y castigue la corrupción administrativa”, y señala que la justicia concluye el año 2014 con un balance negativo en cuanto al cumplimiento de su misión. El tecnicismo procesal y los reenvíos marcaron el desarrollo de los procesos, aumentando la mora judicial, el alto costo de la justicia, el número de presos preventivos y la impunidad.
“A diferencias de los casos de corrupción administrativa que se pierden en el entramado judicial y quedan impunes, ocurrieron casos como los de Hato Mayor y Santiago, donde los jueces condenaron a un pobre hombre y a una madre adolescente a tres meses de prisión como medida de coerción por robar ocho chinolas y por la publicación de fotos desacertadas en las redes sociales, respectivamente”.
PC reconoció el buen desempeño de la sociedad civil pese de todas las dificultades confrontadas, incluyendo esfuerzos para reducir la actividad de sus organizaciones, la voluntad ciudadana se manifestó con energía sobre diferentes temas de interés nacional, especialmente frente a los actos de corrupción y de manera particular con la amplia movilización lograda en torno a Loma Miranda y las observaciones al Código Penal sobre la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales.
