El senador por San Juan, Félix Bautista, negó que haya distraído bienes y enfatizó que no es propietario de la aeronave Gulfstream American 2 modelo G-1159, serie No. 253, matrícula N16YY y/o N522HS, que el Ministerio Público inmovilizó en Puerto Plata, en respuesta a las declaraciones ofrecidas por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Pelletier.
“Yo no he incurrido en el delito de lavado de activos y eso lo demostraremos en los tribunales. La señora Pelletier sabe que lo del avión y todas las demás imputaciones que formulan en el expediente acusatorio, fueron investigadas por el propio Ministerio Público, donde ella participó siendo subdirectora de la DPCA”.
El legislador refirió que en el archivo No. 03093 del 13 de agosto de 2012, en el numeral 167, de la página 84 se consigna que al examinar todas las evidencias reunidas durante las pesquisas, ninguna de ellas se vinculan con las operaciones de la aeronave en cuestión”. Todo esto, según el legislador, fue ratificado a demás por dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia: la No. 7915-2013, de fecha 12 de febrero de 2013, dictada por la magistrada Esther Agelán Casasnovas, en su condición de jueza de la Instrucción Especial, y la No. 2012-3832, de fecha 17 de febrero de 2014, emitida por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que confirmó en todas sus partes la decisión de la jueza de la Instrucción Especial.
“La señora Pelletier tiene todas las pruebas que demuestran que no soy propietario del avión. Por tanto, al insistir en que es de mi propiedad, a sabiendas de que fue investigado por el Ministerio Público y ratificado por dos sentencias de la Suprema Corte de Justica, estamos frente a una doble persecución, violando el artículo 69 de la Constitución y el 9 del Código Procesal Penal”, expresó Bautista.
Exhortó a la procuradora Pelletier “no prestarse al juego político del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha sometido un expediente mediático, investigado y archivado por los tribunales, sin fundamento legal ni base probatoria, el cual tendremos oportunidad de debatir y constatar en los tribunales”.
