El año que recientemente concluye deja un amargo sabor en la amplia mayoría de los diferentes sectores que conforman el pueblo dominicano, debido a que una vez más, los legisladores desistieron de sancionar varios anteproyectos de ley, que fueron reclamados por la sociedad civil, a los fines de establecer nuevo orden jurídico, financiero y ambiental en el país.
Durante el proceso de trabajo de ambos hemiciclos del primer Poder del Estado, los grupos de la sociedad civil abogaron y presionaron mediante vigilias y piquetes para que los congresistas sancionaran anteproyectos como son: el que designa Parque Nacional a Loma Miranda; Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas; del Agua; la Electoral; Orgánica de la Policía Nacional; así como la modificación a Ley 87-01, Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la del Colegio de Abogados de República Dominicana.
También se enumeran la ley de Eficiencia Energética y Ahorro de Recursos; Exequátur; sobre el uso de los Símbolos Patrios y Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Igualmente, la modificación a la Ley 241, de Tránsito; la que establece Zonas de Tolerancia o Rosa; la que busca Regular las Tarjetas de Crédito, la que reduce las ganancias de la AFP y la Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la primera legislatura correspondiente al 27 de febrero, al 27 de julio del 2014, decenas de iniciativas perimieron, las cuales tendrán que esperar hasta dos legislaciones más para ser reintroducidas.
Cambios
La segunda legislación ordinaria correspondiente al pasado 16 de agosto, día en que los congresistas debieron presentar al país las memorias de su gestión, inició con el traspaso de mando del senador por el Distrito Nacional, Reynaldo Pared Pérez a su colega Cristina Lizardo.
Pared Pérez se vio obligado a abandonar la presidencia de la Cámara Alta, después de ocho años, a causa de las presiones de varios congresistas de su propio partido, quienes entendían que era tiempo de pasar la “antorcha”.
La escogencia de Cristina Lizardo, como presidenta del senado, recibió un amplio respaldo de casi todos los sectores de la vida nacional, especialmente de los grupos feministas por ser la primera mujer que ostente ese puesto en el Congreso Nacional.
El debut de Lizardo como presidenta del Senado llegó bajo la exigencia y las presiones de la sociedad civil para que Loma Miranda fuera declarada Parque Nacional.
Mientras que en la Cámara de Diputados, Abel Martínez fue ratificado por cuarto periodo consecutivo frente a ese hemiciclo.
En tanto que la presentación y conformación de los bloques en la Cámara de Diputados selló la división interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con la formación del bloque opositor de la Alianza Social Democrática (ASD), en proceso de cambio de nombre a Partido Revolucionario Moderno (PRM), con una matrícula de 35 legisladores.
Escándalo
Una nota negativa durante la legislación la encabezó el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, quien fue acusado por la Procuraduría General de la República (PRG), de lavado de activo y corrupción administrativa, hasta el punto de solicitar prisión preventiva contra el legislador oficialista.
Uno nombre que no salió a la luz pública, a pesar de que diferentes instituciones exigieron que se revelara fue el otro senador, supuestamente vinculado en el soborno en la compra de los aviones Súper Tucanos.
Conflictos entre las Cámaras
La primera sesión de los diputados, el día 04 marzo de 2014, comenzó con el rechazo a las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de Ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal Dominicano, restableciendo la iniciativa original por la Cámara Baja.
De igual manera, la ordenanza que establece un Régimen Especial para las personas nacidas en el territorio nacional, inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano, y sobre Naturalización, generó fuerte debates en el Congreso Nacional y en el país, sometida el jueves 15 de mayo por el Poder Ejecutivo.
Otra situación que creó polémicas fue la acusación pública de la diputada Minou Tavárez Mirabal contra el presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, a quien acusó de violar los procedimientos que dieron origen a que se aprobara un Código Procesal Penal con modificaciones que no se había conocido en ese hemiciclo.
Mirabal propuso el pasado 8 de abril, que el pleno del hemiciclo remitiera a la Comisión de Ética a los responsables de violar los procedimientos legislativos, mientras que Martínez se defendió de tales acusaciones, alegando que el modo fue realizado con la conformidad de lo que había perimido en varias ocasiones.
También los congresistas de la oposición y oficialistas chocaron de manera verbal, por la acogida de un informe favorable de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas, referente a un informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al año fiscal 2012.
Los asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), criticaron el asentimiento del informe con duras acusaciones de supuesta corrupción durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández; pero la propuesta fue acogida con 96 votos a favor, 36 en contra y 16 diputados no votaron, de los 148 legisladores presentes.
La cantidad de préstamos internacionales fue uno de los temas que conllevó a discusiones acaloradas entre los parlamentarios de la oposición y los oficialistas, por el nivel de endeudamiento que registró el país en los 12 mes del 2014.
El 14 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, sorprendió al país con la eliminación inmediata del Fondo de Gestión Social, mejor conocido como “el barrilito”, y una semana después también clausuró unos RD$75 millones destinados a la compra de juguetes en enero, que recibían los legisladores, para ser destinados al Ministerio de Salud Pública, debido a la crisis en el sistema nacional sanitario.
Proyectos con respaldo
Los hemiciclos del Poder Legislativo convirtieron en leyes las autorizaciones remitidas por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hacienda, a fin de contratar deudas públicas.
Entre ellas se refieren unos US$33,614 millones y colocación de bonos internacionales por 1,500 millones de dólares, entre otros, en condiciones supuestamente favorables para el país. Todas las iniciativas de este tipo de financiamiento fueron acogidas por los congresistas durante el periodo.
A lo anterior se suma el que crea el Sistema Nacional de Emergencia 911; el de referéndum; el que oficializa el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (Iteco), como Universidad Pública Estatal, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el nombre de Universidad Tecnológica del Cibao Central (Uteco) y el Código Procesal Penal.
Igualmente, la ley que autoriza la participación del Estado dominicano como promotor, titular y/o propietario, directa o indirectamente en la actividad de generación de electricidad, mediante la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).
Unido a lo anterior, el proyecto que modifica la Ley No. 480-08, que crea las Zonas Financieras Internacionales, la cual evitará que se produzcan operaciones que tengan vinculación con el lavado de activos u otros dineros ilícitos.
Presupuesto 2015
Finalmente fue aprobado el Presupuesto General del Estado, correspondiente al 2015, pese a las exigencias de varias instituciones por mayor asignación de recursos económicos y los desacuerdos entre los miembros de la Comisión Bicameral, que tenía bajo su responsabilidad el estudio de esta pieza.
